Escriben: Ivan Brehaut y Alberto Ñiquen

Como pudimos apreciar en las entregas anteriores de esta serie, la expansión de actividades ilegales, particularmente pistas de aterrizaje clandestinas, construidas aprovechando la infraestructura vial habilitada por concesionarios forestales, coincide en la mayoría de casos.

Sin embargo, las versiones de representantes del gremio forestal, de concesionarios forestales y fuentes vinculadas al sector, como los regentes forestales, coinciden todas en un punto: las actividades forestales legales están bajo ataque de parte del narcotráfico.

Los mapas del estudio desarrollado por ORAU, con el apoyo de ProPurús y DAR, muestran que los caminos construidos por el sector forestal, específicamente por concesionarios forestales en Ucayali, han sido usado en muchos casos como base para la habilitación de pistas de aterrizaje clandestinas, puestas al servicio del narcotráfico. Hasta inicios de noviembre del 2021, el estudio había contabilizado 54 pistas de aterrizaje clandestinas, muchas de ellas superpuestas con las viales construidas por empresarios forestales para el traslado de la madera extraída de las concesiones forestales.

José Luis López Panduro, representante de los concesionarios forestales de Ucayali, representante ante la Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (CONAFOR), reconocido empresario del gremio, afirma que no puede generalizarse una alianza entre narcos y madereros. “Hace años que nosotros venimos haciendo eco de las denuncias y reclamos de los empresarios forestales de Ucayali respecto al crecimiento de la ilegalidad en Ucayali. Personalmente he dialogado con autoridades de diversos sectores respecto a los problemas que enfrenta el sector forestal en nuestra región. Lamentablemente, las autoridades nacionales e incluso agencias de cooperación como USAID, no han hecho mayor caso a nuestras preocupaciones”, señala López.

Durante años los concesionarios que pretendían realizar sus operaciones dentro de un marco de legalidad se veían en riesgo por el ingreso de ilegales, de invasores y cocaleros a sus concesiones. “La primera reacción del Estado era considerarnos cómplices de estos delitos, nos encausaban en investigaciones, cuando nosotros éramos también los perjudicados… Con el tiempo, con mayor asesoría y también con una mayor presión de fiscalización de parte del Estado, a través de OSINFOR (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre,) el sector forestal en Ucayali ha ido aumentando su nivel de cumplimiento de las obligaciones legales que tenemos. Así, cuando nos invaden, hacemos la denuncia ante las autoridades pertinentes y con eso solicitamos a la Gerencia (Regional Forestal y de Fauna Silvestre) que nos repongan áreas y nos trasladamos a otra zona. No es posible compartir espacios con estos delincuentes”, detalla nuestro entrevistado.

La Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali - GERFFS, ha recibido solicitudes para la modificación de áreas concesionadas (solicitudes de exclusión, compensación o reubicación) desde el inicio del proceso de otorgamiento de concesiones, en el año 2002. En estos procesos han predominado como causales la superposición de las concesiones zonas con derechos preexistentes como, por ejemplo, comunidades nativas. Pero estos no son los únicos problemas.

Según la presidenta de la Asociación de Regentes Forestales de Ucayali, la ingeniera Ana Limache, algunos concesionarios que intentan realizar reposiciones de áreas ya no pueden hacerlo debido a que, según su versión, los bosques más productivos han sido ya concesionados. “Ya no hay a donde moverse, estamos perdiendo las áreas productivas por las invasiones de los ilegales”, declara Limache. El desorden en la ocupación de las tierras forestales en la región tiene entre sus factores cada vez más evidentes el crecimiento del cultivo de la hoja de coca. Sin embargo, otros actores vinculados al sector tienen una visión diferente de las cosas.

Otra fuente consultada, que prefiere mantener su identidad en reserva, da cuenta de algunos detalles de cómo se podría estar dando una convivencia entre algunos empresarios forestales y oscuros personajes del narcotráfico.

“Mira, el asunto es sencillo. Ya no hay madera como había antes en la región, son maderas blancas, blandas, de poco valor. Para colmo, la crisis y los costos se han elevado. Para sobrevivir, algunos compañeros entonces alquilan la maquinaria, abren sus pistas y reciben alguito para los costos operativos. Desde hace más de 4 años, esa es la realidad en la región y con lo de la pandemia, la cosa se puso peor”, nos dice la fuente.

Los mismos pobladores locales, hasta los "nativitos" que se andan quejando bien que se ponen a trabajar en la vaina. No es que la gente sea mala, es que hay mucha necesidad. También hay mucha viveza, no hay que ser idiota, pero plata es plata…

El empresario forestal, que prefiere no ser identificado, aporta más datos. “Una vez abiertas las pistas, el mantenimiento es barato. Con 50 soles hasta 100 soles el jornal, tienen a 4 o 5 personas haciendo las labores. Van rellenando los huecos, apisonan la tierra y cuando vienen las lluvias, cubren las pistas con toldos azules enormes. Así las pistas no se alagan (no se inundan) y así no se malogran tan rápido. Yo me río del alcalde de Yurúa… si los narcos pueden mantener en secreto sus pistas y darle buen mantenimiento, ese alcalde no puede ni con una pista! Con las viales avanzando, los madereros dejan las rutas secundarias abandonadas, ya no vuelven a pasar por ahí y en ese momento aprovechan y se arman las pistas. Los mismos pobladores locales, hasta los nativitos que se andan quejando bien que se ponen a trabajar en la vaina. No es que la gente sea mala, es que hay mucha necesidad. También hay mucha viveza, no hay que ser idiota, pero plata es plata…”, sentencia la fuente.

Nuestra fuente prosigue en su relato. “Los insumos se mueven como si nada en el campo. Los mandan al menudeo, en bidones de 5 galones, en los bullones (cilindros plásticos) azules de 50 galones, en todas las formas. ¿Acaso alguien controla? Todos saben que (dando) una plata en las garitas, un sencillo para los policías y todo pasa. Si ellos se ponen duros, si se ponen bravos, nadie los respalda. ¿Qué van a hacer 5 policías como los de Nueva Italia, los de Bolognesi, contra toda la mancha de narcos que está en esa zona?”

Para la representante de los regentes forestales, esta supuesta convivencia entre los narcos y los madereros es casi un acto de supervivencia. “Para poder desarrollar nuestra actividad, tenemos que soportar las amenazas y las presiones. Tenemos copias de las denuncias hechas por varios empresarios. La Fiscalía Antidrogas nos exige pruebas y requisitos que no podemos obtener. ¿Cómo vamos a traer fotos de los narcos, sus nombres, para que recién nos acepten una denuncia? Nos ponemos en riesgo tratando de hacer nuestro trabajo legalmente y no tenemos ningún respaldo del Estado. Estamos solos”.

Algo que no puede pasarse por alto es que sí hay una historia de vinculaciones entre empresarios forestales y delitos como el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos. Las acusaciones contra el político y empresario maderero Luis Valdez, preso por tráfico de drogas a finales de los años 70, y acaudalado mecenas de Pucallpa, de quien fuera alcalde en dos oportunidades, han sido ampliamente cubiertas por la prensa. Valdez fue acusado incluso de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Alberto Rivera en el 2004, quien públicamente lo acusó de ser un narcotraficante en un espacio radial. Uno de los principales hechos que vincularon a Valdez con las actividades ilegales fue la incautación de más de media tonelada de cocaína en las instalaciones de su empresa en Pucallpa, en el año 2003.

Otros políticos regionales, algunos con un éxito económico envidiable vinculado a los negocios forestales, también están bajo sospecha y, según las fuentes consultadas, hay varios en la mira de las autoridades.

Más allá de cualquier especulación, un hecho es real. Las pistas de aterrizaje detectadas están superpuestas a las principales zonas de extracción forestal, sobre las viales que sirven para la extracción maderera. Si los propios empresarios forestales están denunciando estos hechos desde hace años, ¿Qué pasa con el Estado peruano? ¿Por qué no actúa, como corresponde, para detener este flagelo?

Esta serie ha pretendido hacer público lo que para muchos es una verdad innegable, pero que ha pretendido pasar desapercibida por años por las autoridades vinculadas al control de delitos ambientales y narcotráfico en el país. Existe sin duda responsabilidad política en estas groseras omisiones. ¿Ahora que los hechos, que las cifras y el contexto de la ilegalidad se ha hecho público, habrá alguna acción de parte de las autoridades? Esperamos que sí.

Sin embargo, dos de nuestros entrevistados lanzaron la misma pregunta, que permanece sin respuesta. ¿Acaso se están creando las condiciones para una crisis mayor que demande la intervención de otros actores, más poderosos, pero ajenos al país? Ojalá esta vez, y especialmente para esta última pregunta, realmente nos equivoquemos.

*Agradecemos el apoyo invaluable de la ingeniera Carla Limas C., especialista en teledetección forestal por su valiosísima información para la realización de este estudio, así como al personal de ORAU, DAR y la Asociación ProPurús.