Con el objetivo de visibilizar las amenazas persistentes que enfrentan quienes protegen los territorios amazónicos, se presentó el informe “Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024”, una investigación desarrollada por la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Asociación ProPurús, en alianza con el Grupo de Investigación sobre Estado y Sociedad (GIES) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
El estudio ofrece una mirada detallada y actualizada sobre el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los defensores ambientales indígenas, principalmente en la región Ucayali, y en territorios fronterizos de los departamentos de Huánuco (provincia de Puerto Inca) y Loreto (distritos de Padre Márquez y Contamana).

El estudio alerta que más de 100 comunidades indígenas se ven actualmente afectadas por conflictos territoriales ocasionados por la superposición de derechos sobre la tierra, el narcotráfico y la construcción de carreteras privadas, generando un entorno de alta conflictividad que pone en riesgo la vida, el bienestar y la seguridad de los defensores indígenas.
El informe resalta que, pese a su gravedad, la situación suele ser subestimada por los registros oficiales y la opinión pública. Al igual que su versión anterior, publicada en 2021, esta nueva edición busca esclarecer la magnitud real de las amenazas, alertando sobre el aumento de la violencia y la creciente inseguridad territorial.

La participación activa de ORAU y ProPurús ha sido clave para articular el conocimiento indígena, técnico y legal en una misma plataforma de análisis. Esta sinergia ha permitido no solo documentar la problemática, sino también proponer acciones urgentes para la protección de los defensores y sus territorios.
Asimismo, el informe no habría sido posible sin la valiosa colaboración de líderes indígenas, federaciones y comunidades que compartieron su conocimiento territorial durante reuniones y encuentros en diversos espacios, desde oficinas hasta embarcaciones fluviales.
Las organizaciones y defensores indígenas instan a las autoridades peruanas y a la sociedad civil a tomar medidas inmediatas y estructurales para frenar las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas en la Amazonía y garantizar el respeto pleno de sus derechos.