Por Ivan Brehaut y Alex Rivero

El poder judicial acaba de poner alto a la concesión minera otorgada por el INGEMMET sobre la cuenca del río Nanay. Pero, el objetivo de detener la destrucción de la principal fuente de agua de Iquitos y sustento de cientos de miles de personas, está aún muy lejos de alcanzarse.

Si bien la decisión del juez Juan Miguel del Águila Campos de anular la concesión minera otorgada a la empresa Raíces Gaddaffy ha marcado un hito al darle la razón a los ciudadanos de Iquitos en su demanda contra el Instituto Nacional Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el problema minero en el Nanay está lejos de resolverse.

La cuenca del río Nanay, una de las principales fuentes de agua para la ciudad de Iquitos, en la región de Loreto, Perú, está siendo devastada por la minería ilegal. Desde el año 2000, esta actividad ilícita ha ido en aumento, y en los últimos años, la situación ha alcanzado niveles críticos. Los mineros ilegales, tanto peruanos como extranjeros, han invadido la zona con dragas que buscan oro en el lecho del río, destruyendo los suelos ribereños y contaminando el agua con mercurio y otros metales pesados.

Este fenómeno está poniendo en grave peligro a las más de 160,000 personas que dependen del río para sus actividades diarias y su sustento y que viven en los poblados y comunidades rurales de la cuenca del Nanay.

Un delito en expansión

De acuerdo a los datos del Proyecto SERVIR de USAID y los datos divulgados por el Proyecto Monitoring of the Andean Amazon (MAAP) de la ONG ACCA, en el año 2024 ya se ha identificado minería activa en Loreto, Amazonas, Huánuco, Ucayali, Cusco, Puno y Madre de Dios. El Nanay es uno de los 12 ríos de Loreto afectados por la minería ilegal. Al Nanay se suman los ríos Pintuyacu, Chambira, Marañón, Patayacu, Tigre, Curaray, Napo, Mazán, Putumayo, Yaguas y Cotuhue.

En Loreto, la zona más afectada es el ACR Alto Nanay, Pintuyacu Chambira, y las comunidades de San Juan de Unguragual y Alvarenga. Este aumento exponencial está afectando tanto a la biodiversidad como a las comunidades locales, que ven cómo su principal fuente de agua y pesca está siendo destruida.

La minería ilegal en el Nanay se ha expandido de manera alarmante en los últimos cuatro años. Un informe reciente del MAAP reveló que entre 2021 y 2023 se detectaron 210 artefactos fluviales mineros (entre dragas y pequedragas) en la zona; solo en 2023, el número de dragas ilegales ascendió a 120.

Las dragas no solo remueven el suelo para extraer oro, sino que también utilizan metales altamente tóxicos, como el mercurio, en el proceso. Estas sustancias terminan en el agua, envenenando los ecosistemas y afectando gravemente la salud de las personas que viven en la región.

Impunidad y Falta de Capturas

A pesar de los esfuerzos del gobierno por frenar la minería mediante operativos coordinados por la Marina de Guerra y la Fiscalía Ambiental, los mineros ilegales han desarrollado redes de informantes que les permiten evadir a las autoridades con facilidad.

Las rutas de transporte de los insumos y maquinarias para la minería y la salida del mineral para comercialización son asuntos que se han mantenido entre el secreto y el escándalo. 

Aunque inicialmente todos los insumos y equipos ingresaban por la misma cuenca del Nanay, desde el año pasado se implementó la ruta por el río Tigre, zona por donde se movilizan ahora combustibles y maquinarias. La ruta del Nanay se mantiene para el personal y parte de la salida del oro. 

El puesto policial de Nanay mantiene revisiones a los pasajeros que pasan por la capital, Santa María del Nanay, pero según manifestaron, ya no encuentran oro de contrabando. Se rumorea de otras rutas que aún permanecen bajo investigación. Muchos extranjeros van "de turismo" al Nanay, aunque sea obvio que van a emplearse en la minería ilegal. 

Una de las mayores preocupaciones de la población local y de los defensores del medio ambiente es la impunidad que rodea a la minería ilegal en la cuenca del Nanay. Según José Manuyama, activista ambiental, a pesar de los numerosos operativos para destruir las dragas, hasta ahora no se ha detenido a ningún cabecilla importante de las bandas que operan en la zona. "Lo más grave es que no hay detenidos y cuando los tienen, igual los dejan libres", señaló Manuyama en entrevista para este medio, quien advierte que sin la captura y condena de los responsables, la minería ilegal no desaparecerá.

Las organizaciones criminales que controlan la minería ilegal en la región han impuesto su ley en las comunidades más alejadas del distrito de Alto Nanay, donde los comuneros que se oponen a esta actividad son amenazados de muerte. Las autoridades reconocen que es difícil capturar a los mineros en la selva, ya que huyen antes de que lleguen los operativos, gracias a la información que reciben de sus aliados locales. Alvarenga es la comunidad ubicada en las profundidades del ACR Alto Nanay Pintuyacu Chambira donde, según los reportes fuentes policiales, se concentra ahora la actividad delictiva.

Impacto en las Comunidades Locales

El avance de la minería ilegal no solo está afectando el medio ambiente, sino que también está desestabilizando a las comunidades que viven en la cuenca del Nanay. Muchos pobladores, ante la falta de oportunidades económicas y la ausencia del Estado, han comenzado a participar en la minería ilegal como una forma de subsistir. Según el biólogo Sidney Novoa, Director SIG & Tecnologías para la Conservación de ACCA, así como otros especialistas que trabajan en la zona, muchos comuneros han abandonado las iniciativas de vigilancia ambiental y han optado por trabajar en la minería, lo que agrava aún más la situación.

Además, el gobierno regional de Loreto ha sido incapaz de ofrecer soluciones efectivas. Los operativos realizados por la Policía y la Marina, con presencia de la Fiscalía Ambiental, suelen ser ineficaces debido a la falta de recursos, como embarcaciones y combustible, necesarios para llegar a las zonas más remotas. El resultado es que los mineros ilegales continúan operando con libertad y las comunidades locales se ven cada vez más atrapadas en esta dinámica de ilegalidad.

Los testimonios de los vigilantes comunitarios de la cuenca son muchas veces desgarradores. La seguridad ya no está garantizada en ninguna parte, ni en sus comunidades, ni en el río, ya ni siquiera en Iquitos. Un miembro del comité de vigilancia local manifestó que hace unas semanas fue amenazado en su comunidad y decidió trasladarse temporalmente a Iquitos, esperando mayor cobijo y tranquilidad. Durante la realización de este reportaje, los amenazados manifestaron que una moto se había estacionado frente a la puerta de su casa en Iquitos y que empezaba a tomar fotos, registrando el movimiento de quien llegaba y quien salía. Horas mas tarde, demasiadas, unos vecinos advirtieron de la presencia de estos extraños que, al verse descubiertos, huyeron en una moto lineal.

Relatos y denuncias hechas ante el Ministerio Público cuentan de la enorme presión que reciben los vigilantes comunitarios ante la presencia de mineros ilegales fuertemente armados. Según consta en un testimonio ante una de las fiscalías de derechos humanos, durante una acción de patrullaje, los defensores comunitarios fueron disuadidos de continuar sus labores al ser amenazados directamente con armas de fuego de alto poder y largo alcance. Sin mayor soporte de las autoridades policiales o militares, la labor muchas veces anónimas de los defensores es insostenible y altamente riesgosa.

Una Amenaza para el Futuro

La minería ilegal en el Nanay no solo está devastando el medio ambiente y las comunidades, sino que también representa una amenaza para el futuro de la región. Si no se toman medidas urgentes, la destrucción de la cuenca del Nanay podría escalar a niveles similares a los de la región de La Pampa, en Madre de Dios, donde la minería ilegal ha causado una destrucción ambiental masiva.

El río Nanay, que alguna vez fue una fuente de vida y sustento para miles de personas, está acercándose a un punto de colapso. Las autoridades locales y nacionales deben actuar de manera inmediata y coordinada para detener esta actividad ilícita antes de que sea demasiado tarde. La creación de áreas de conservación hasta ahora no ha sido suficiente para frenar el avance de los mineros ilegales.  Sin mayor presupuesto, acción coordinada entre los entes estatales a cargo de la protección de los recursos y de un cambio de actitud de los gobernantes de todo nivel respecto a las actividades ilegales como la minería, es poco lo que se podrá avanzar.

La lucha contra la minería ilegal en el río Nanay no es solo una cuestión de proteger el medio ambiente, sino también de garantizar la supervivencia de las comunidades que dependen de él. Sin una intervención decidida del Estado, el futuro del río y de las personas que lo habitan sigue siendo incierto.