Los recientes acontecimientos en territorio kakataibo recuerdan que la consecuencia del desgobierno y del fortalecimiento de las economías ilegales son la pérdida de vidas. 

Luego de semanas de escaramuzas y tensiones, parece que el conflicto entre agricultores cocaleros e indígenas Kakataibo sigue escalando. El hallazgo del cadáver de Mariano Isacama, miembro de la Comunidad Nativa Puerto Azul del pueblo Kakataibo, atiza al límite las tensiones entre cocaleros e indígenas. El cuerpo de Mariano Isacama fue hallado en estado de descomposición y con aparentes signos de tortura, cerca al río Yúrac, en Aguaytía. Su hallazgo fue el resultado de la labor de búsqueda de los propios indígenas kakataibo que, ante la pasividad de las autoridades, se organizaron para salir a buscarlo.

La muerte de Isacama, apodado cariñosamente como “Perú”, es la quinta muerte violenta de un indígena Kakataibo, en circunstancias que parecen reiterar la intervención de criminales interesados en continuar con la toma de los territorios de este pueblo.

Desde hace meses, FENACOKA, la federación del pueblo kakataibo ha venido solicitando la protección del Estado ante una anunciada invasión de cocaleros organizados, provenientes de Huánuco y Ucayali. En marzo del 2024, las organizaciones Kakataibo intensificaron sus operaciones de control territorial, lo que incluyó decomisos de madera ilegal, destrucción de pozas de maceración, quema de cocales, control de caminos, patrullajes comunitarios y sobrevuelos de reconocimiento sobre la Reserva Indígena Kakataibo.

Esta decisión fue tomada, de acuerdo a fuentes de Fenakoka y ORAU, a pesar los riesgos que implica para las familias Kakataibo, debido a que los colonos cocaleros han mantenido sus acciones de toma ilegal de áreas de nuestras comunidades, tanto las tituladas como las que se encuentran en proceso de titulación o ampliación.

Los cocaleros llevaron a cabo acciones incluyendo establecer campamentos madereros, cercar con alambre de púas porciones de las comunidades nativas y establecer puestos de control armado en carreteras y trochas. La toma de control de parte de cocaleros ha venido ocurriendo en las comunidades de Santa Marta, Puerto Azul, Unipacuyacu y Mariscal Cáceres, además de en las áreas de colindancia entre las comunidades mencionadas y la Reserva para pueblos en aislamiento Kakataibo Norte y Sur. Como se había anunciado, estas movilizaciones que terminan en mayor deforestación, ocurren luego de la modificación de la ley forestal por parte del Congreso del Perú.

En el mes de mayo de 2024 la guardia Kakataibo y sus monitores forestales informaron la Fenacoka y a la ORAU que actores relacionados con la siembra de coca tuvieron una reunión en la ciudada Aguaytia, en la que acordaron tomar represalias por las acciones de las organizaciones Kakataibo; así como iniciar una nueva oleada de acaparamiento de tierras, para lo cual iniciarán una nueva campaña para lograr que municipalidades y los gobiernos regionales de Huánuco y Ucayali legalicen su ocupación, entregando nuevos títulos individuales y constancias de posesión, en desmedro de la integridad territorial de las comunidades nativas Kakataibo.

La respuesta de los kakataibo hasta este momento ha sido pacífica, retirando sin violencia alguna a los cocaleros que habían invadido sus territorios en la CN Puerto Azul solicitando la actuación del Estado que, para variar, actuó con una lentitud pasmosa. Ahora, no hay duda de que ante estas amenazas y con la muerte de Isacama, la situación alcanza niveles de tensión no vistos previamente en la zona.

Tanto las organizaciones indígenas como AIDESEP, ORAU, FENACOCA y oenegés aliadas como Amazon Watch, entre otras, han venido haciendo incidencia ante el Estado para detener esta nueva ola de invasiones y para el retiro de los cocaleros que se han internado en territorios comunales y en la Reserva Indígena Kakataibo.

De acuerdo a la abogada especializada en derechos humanos, Yenay Farfán, en este escenario resulta importante señalar que el registro de personas defensoras de derechos humanos, así como los mecanismos de protección y protección urgente establecidos en el mecanismo intersectorial para la protección de  defensores de derechos humanos, no son suficientes.  La especialista señala que "estos implican procedimientos largos que se ejecutan desde Lima, por lo que no toman en cuenta las circunstancias específicas de los territorios afectados con mayor violencia y tampoco consideran las carencias presupuestales, logísticas y de personal que limitan su ejecución".

"Aunque el Mecanismo incluye a 8 ministerios y a DEVIDA, exige la creación de Protocolos sectoriales, incluso del Ministerio Público, y han permitido la creación de 4 Mesas de trabajo en Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Loreto; ninguna de estas herramientas ha enfocado su trabajo en la creación de alternativas que respondan a las amenazas ambientales, la corrupción y el abandono de parte del Estado", señaló.

A pesar de los esfuerzos e incidencia realizada por la Dirección de Derechos Humanos del MINJUSDH, que ha emitido amplios comunicados sobre esta problemática estos no han derivado en acciones concretas que efectivicen su intervención como la creación de oficinas descentralizadas, la asignación de presupuesto y personal capacitado; la fiscalización en la titulación de tierras, el otorgamiento de concesiones, la investigación de delitos ambientales o el acceso a la justicia. Es evidente que sin un mayor respaldo del Estado en su conjunto, la Dirección no logrará su cometido de contener la ola de asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos.

Volviendo al caso Kakataibo, es importante señalar que sin una acción rápida del Estado, la situación podría devenir en un enfrentamiento violento, que seguirá bañando de sangre los territorios indígenas del país.