Los impactos de la minería ilegal están llegando ya a las mesas de millones de peruanos. Sin medidas adecuadas y urgentes, el problema de la minería se extiende hacia zonas cada vez más alejadas del control estatal. Sin embargo, sus efectos están día tras día, mucho más cerca de nosotros.

La minería ilegal es una práctica de extracción y explotación de minerales en espacios no autorizados o prohibidos, por ejemplo en zonas intangibles, como los cauces de los ríos o las Áreas Naturales Protegidas. 

Este tipo de minería se ha convertido en un problema de alcance transnacional, con mafias operando en varios países sudamericanos. Esta actividad constituye un problema en crecimiento para diversas regiones del Perú, pero sobre todo para las áreas ricas en recursos naturales como la Amazonía.

La minería ilegal va en busca de oro, plata y cobre, así como la explotación de otros recursos no metálicos como la arcilla, las arenas y el coltán. Sin embargo, lo más preocupante en el Perú es la extracción ilegal de oro. La minería ilegal está presente en prácticamente todas las regiones del país, pero según un informe publicado por el Proyecto Prevenir de USAID en 2023, Madre de Dios concentra el 90% de las actividades mineras ilegales e informales.

Efectivamente, Madre de Dios es la región más afectada, representando el 70% de la producción de oro ilegal, además están las zonas aledañas como Puno y Cusco, dañadas también por este delito. Cabe mencionar que estas actividades están creciendo peligrosamente en Amazonas, Huánuco, Loreto y Ucayali.

Sumado a esto, un reciente análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) muestra que durante el 2023 se exportaron 77 toneladas de oro ilegal, valorizadas en aproximadamente US$ 5 mil millones de dólares. Esta tendencia de crecimiento está directamente relacionada con el continuo aumento en el precio del oro y otros minerales como el cobre y la plata.

El estudio presentado por el IPE también revela que poco más de la mitad del oro exportado por Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador, proviene de Perú. Además, todo este cargamento tiene como destino final, países de Asia y Norteamérica, que utilizan el oro en la confección de joyas, producción de partes electrónicas o en servicios financieros. En tiempos de incertidumbre económica como los que se viven mundialmente, ahorrar en dólares puede ser insuficiente y los ahorros empiezan a transformarse en depósitos del metal precioso.

Deforestación y contaminación por mercurio

La Amazonía peruana tiene una extensión aproximada de 782,880.55 km2, siendo uno de los 10 países con mayor cobertura de bosques en el mundo. Eso convierte también al Perú en uno de los países con mayor biodiversidad a nivel global. Por ende, los impactos de la minería aurífera en la Amazonía impactan de manera tremenda en los bosques, la fauna y en las personas que dependen de esos recursos. Es decir, el impacto sobre los seres humanos es también enorme.

Adicionalmente, la minería ilegal está estrechamente relacionada con un sinnúmero de delitos que ponen en una situación muy vulnerable a nuestros territorios. En el caso del oro, la extracción funciona de la siguiente manera: los minerales son retirados utilizando maquinaria pesada y productos químicos prohibidos como el mercurio, que son altamente tóxicos, contaminando suelos, ríos y lagunas. Para extraerlo se remueve el fondo de los ríos y se deforestan los bosques para remover y lavar los suelos.

El oro extraído luego será comercializado en el mercado negro (muchas veces en joyerías) o exportado a algún país vecino y luego reexportado a algún país del continente asiático, Europa o Norteamérica. Esta cadena de acciones, además de los perjuicios ambientales severos a los ecosistemas, consuma una serie de delitos como el lavado de activos, evasión tributaria, trabajo forzoso, trata de personas, asesinatos y una lista terrible de otros delitos. Incluso, cada vez más se conocen mejor los vínculos de la minería ilegal con el narcotráfico, que financia ahora grandes operaciones mineras en varias partes del país. La violencia que impera en las zonas mineras es alarmante, estableciendo zonas en donde, literalmente, el Estado dejó de tener presencia o poder.

Las estadísticas que van del 2015 al 2022 muestran como en el caso de Madre de Dios, la región más impactada por la minería ilegal de oro, la tasa de delitos cometidos con armas de fuego se ha incrementado en los últimos años. Como señalan el antropólogo Gabriel Arriarán y otros investigadores, el sub registro de este tipo de delitos seguramente está ocultando una realidad mucho peor de la que reconocemos. El oro literalmente también nos cuesta sangre.

Otro de los lugares de nuestra selva donde la minería ilegal está poniendo en riesgo la salud de más de medio millón de personas es Iquitos, capital de Loreto. El río Nanay, la principal fuente de agua de la ciudad está siendo rápidamente invadida por mineros ilegales que han establecido zonas de operación resguardada por sicarios y matones que amenazan a quienes se opongan a sus actividades delictivas. En Loreto, a pesar de los esfuerzos, estos delitos siguen ocurriendo con una todavía débil respuesta del Estado peruano.

Cuánto nos cuesta el oro ilegal

Los estragos de la minería informal e ilegal en el país son cada vez más evidentes. En el caso de Madre de Dios, en el periodo comprendido entre el 2021 - 2024 hemos perdido 30,846 hectáreas de selva amazónica, esto es equivalente a aproximadamente 43 mil campos de fútbol profesionales.

De esta cifra, el 74% de la deforestación causada por la minería ha ocurrido dentro del llamado Corredor Minero, una zona de casi medio millón de hectáreas en Madre de Dios, donde se permite la extracción de oro mediante minería formal e informal. Un cuarto de esta, aproximadamente el 26%, corresponde a probable minería ilegal dentro de Áreas Naturales Protegidas, comunidades nativas y cuerpos de agua. Según el Instituto Peruano de Economía - IPE, esta   actividad ilegal genera pérdidas al país por alrededor de S/23 mil millones, un equivalente a 2.5% del PBI, de acuerdo con datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Otro grave problema es la contaminación por mercurio. La extracción de 1 kg de oro utiliza 2,6 kg de mercurio, de los cuales al menos el 13% se vierte a los ríos. De ellos, el 3% está metilado, volviéndose aún más tóxico y al ser absorbido por los peces, que pueden migrar enormes distancias, transportando la contaminación e intoxicando a la fauna y a las personas que los consumen. El efecto del mercurio en los humanos, aumenta el riesgo de infarto, genera hipertensión arterial, síntomas neuropsicológicos, cáncer, deformidades fetales, etc.

La indolencia del Congreso: un poder político que no ayuda

La lucha contra la minería ilegal ha sido interrumpida en numerosas ocasiones por medidas legislativas que ponen en riesgo el poco avance que el Perú ha tenido en términos legales. Tal es el caso de la derogación del Decreto Legislativo 1607 que permitía a la policía tomar medidas en contra de la tenencia ilegal de artefactos o materiales explosivos en actividades mineras. La derogatoria de esta ley sólo contribuye con la continua expansión de estas actividades ilegales, permitiendo que se sigan explotando bosques sin las regulaciones necesarias.

El Congreso es un mal soporte para las políticas a favor del cese de las actividades mineras ilegales, y en estos momentos es más bien un lastre que trae consigo más destrucción. Por si lo mencionado en el párrafo anterior no fuera lo suficientemente alarmante, el Parlamento aprobó una modificación al Decreto Legislativo 1100 que obliga a las autoridades policiales a coordinar con los gobiernos regionales el retiro de bienes incautados en campamentos de minería ilegal. Cabe mencionar que esta propuesta de ley fue incentivada por el congresista de Alianza para el Progreso (APP) Eduardo Salhuana, controvertido político vinculado con la minería ilegal y la construcción de carreteras que benefician a la tala ilegal, el tráfico de tierras y por supuesto, a la minería.

Estas medidas han entorpecido la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (DICAPI) en sus esfuerzos por erradicar la minería ilegal, además de poner en riesgo la integridad de las personas que participan en estas operaciones.

Propuestas para enfrentar el problema

En defensa de la Amazonía, la salud pública y el planeta, se requiere una intervención multisectorial que ponga como prioridad la supresión de los actos ilícitos en contra del patrimonio natural del país. Es importante la intervención del Gobierno central, a través de los ministerios y del pleno del Congreso, los gobiernos locales y regionales, además del apoyo de las organizaciones no gubernamentales. la oenegé CINCIA por ejemplo, está abocada a desarrollar alternativas de remediación de las áreas afectadas por la minería y establecer alternativas para los mineros ilegales.

En una reunión organizada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, César Ipenza, abogado especialista en delitos ambientales, resaltó la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional y cooperación transfronteriza para abordar eficazmente el contrabando de insumos como el mercurio, utilizado en la extracción ilegal de oro.

Insistió también en la necesidad de implementar una asistencia técnica y acompañamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a los Gobiernos regionales, de modo que la labor de fiscalización se ejerza y fortalezca. Además, señaló que se requiere de acciones colaborativas, conjuntas y coordinadas entre todas las instituciones involucradas en los distintos ámbitos, como Registros Públicos, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía, Sunat y Poder Judicial, entre otros. Sin duda, hay muchísimo que hacer para revertir la situación de la minería ilegal en el Perú.