La creciente invasión de bosques amazónicos viene desplazando a comunidades nativas y destruyendo la biodiversidad en las regiones afectadas. Las consecuencias de estos delitos afecta a los pueblos indígenas y a agricultores en diversas partes de la Amazonía Peruana.

Se entiende como tráfico de tierras, a la apropiación ilícita de territorio para su posterior venta mediante la falsificación de documentos, coerción, fraude, corrupción y otras prácticas engañosas. La Amazonía peruana, debido a su gran extensión, también ha sido presa de bandas criminales dedicadas a esta actividad delictiva.

Este fenómeno es particularmente preocupante porque está directamente relacionado con el crimen organizado, lo que ocasiona no solo deforestación, sino también el desplazamiento forzoso de población indígena, despojada finalmente de sus derechos a la tierra. Esta afectación se extiende a agricultores mestizos, quienes también han caido en ocasiones en las garras de estos delincuentes. Asimismo, el tráfico de tierras genera un impacto ambiental significativo al ser muchas veces el paso inicial de otras actividades ilegales que atentan contra la biodiversidad de la selva amazónica peruana, como la deforestación o la minería ilegal.

Este escenario resulta alarmante, ya que, según un reporte del portal oficial Geobosques, en el periodo comprendido entre 2001 y 2022, este tipo de delito es una de las causas de la pérdida de 2,921,137 hectáreas de bosque.

Un delito que no es un delito

Sorprendentemente, el tráfico de tierras en el Perú no está tipificado como delito. Información proporcionada por el portal jurídico Pasión por el Derecho indica explica que las leyes a aplicarse en estos casos, son las relativas a falsificación de documentos, usurpación y estafa. Como delito asociado, generalmente aparece la deforestación, algo que sucede, por ejemplo, en el caso de las colonias menonitas establecidas en Ucayali y Loreto.

De momento, no existen medidas legislativas que aborden directamente la problemática del tráfico de tierras. Lo que sí se ha dado es un escenario totalmente opuesto. En enero del presente año, el Congreso ordenó la aprobación de la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley 29763.

Por su parte, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, analizó los impactos sociales y ambientales de la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 31973), y estuvo de acuerdo en que “la (nueva) norma promueve y legaliza la deforestación y degradación de los bosques y pone en riesgo los medios de vida de las familias agricultoras en la Amazonía”. Los efectos casi inmediatos de la norma han sido los temidos por todos los que se pronunciaron en contra de la modificación. 

Noticias respecto a deforestación en San Martín, Ucayali, Junín y otras zonas del país han empezado a aparecer. Las justificaciones de los infractores, en todos los casos, es la misma. Los invasores y deforestadores mencionan que “la nueva ley forestal ahora sí permite la deforestación para hacer agricultura”.

La gran industria también se beneficia: los casos de Ocho Sur y Tamshi

En 2008, la Asociación Palmeras de Tibecocha adquirió propiedades en Ucayali mediante una controvertida titulación, en tierras que la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya considera parte de su territorio ancestral. Personas no asentadas en la zona, pero allegadas a autoridades locales, lograron títulos individuales que sumaban más de cinco mil hectáreas. Estas tierras fueron luego adquiridas por la empresa Plantaciones Pucallpa, hoy conocida como Ocho Sur SAC.

De acuerdo con un estudio realizado por la organización internacional Forest Peoples Programme (FPP), e investigaciones realizadas por la oenegé EIA, el área total que la comunidad nativa demanda (86,713 hectáreas) registra una pérdida de bosques de 20,516 hectáreas, la cual ocurrió entre el 2001 y 2021. Forest Peoples Programme identificó durante el 2022 alertas de deforestación a lo largo de 4,568 hectáreas del territorio indígena, con lo que la pérdida total de bosques llegaría a 25,084 hectáreas.

El caso de Cacao del Perú Norte, ahora conocida como Tamshi es bastante similar. Por lo menos desde el 2012 se tienen reportes sobre la deforestación ocasionada por la empresa Cacao del Perú Norte SAC, filial peruana de United Cacao Limited SEZC (una empresa incorporada y registrada en Islas Caimán y que tuvo como presidente ejecutivo al ciudadano checo norteamericano Dennis Melka hasta inicios de 2017). Cacao del Perú Norte, ahora llamada Tamshi, ha deforestado 2,380 hectáreas de la Amazonía peruana, según información confirmada por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Esta deforestación ocurrió principalmente entre 2013 y 2015 en la región de Loreto. Un dato adicional es que uno de los implicados en este caso es el exgobernador de Loreto, Fernando Meléndez Celis, vinculado también a varios delitos ambientales y de función pública.

Pese a la evidencia concreta sobre la participación de Tamshi en la deforestación de la Amazonía peruana, registrada por años en imágenes satelitales, la empresa ha logrado evadir las consecuencias legales en su contra. Más bien, entidades conocidas por sus campañas de desinformación y activismo anti derechos han salido en defensa de la empresa, incluso difamando a quienes han denunciado las maniobras ilegales de Mellka y sus empresas.

En ambos casos la población local ha denunciado estos actos, subrayando la tala masiva y la conversión ilegal de bosques en plantaciones de cacao o palma aceitera, lo cual ha resultado en una devastación ambiental considerable y además de conflictos sociales​.

Qué se puede hacer ante el tráfico de tierras

El tema es bastante complejo y depende de la interacción, como en otros casos, de diversos actores estatales para ser atendido. Una de las causas de estos problemas es la desatención a la regularización de la propiedad de la tierra en la Amazonía peruana. Aún hoy, con la tecnología existente, el Perú no cuenta con un catastro agrario unificado y confiable. La penetración de las mafias de tráfico de tierras en el aparato estatal, particularmente en las instancias agrarias regionales, e incluso en los registros públicos, ha debilitado considerablemente la capacidad del Estado de controlar este tipo de actividades ilegales. Por otro lado, el escaso personal y presupuesto con que se cuenta en las regiones para atender la demanda de titulación así como las evidentes preferencias existentes para titular predios individuales en lugar de comunidades nativas es también un problema sensible.

Es necesario entonces, nuevamente, apelar a una mayor coordinación al interior del Estado, para mejorar los controles institucionales y frenar este tipo de delitos que atenta no solo contra los bosques, sino contra la propiedad de las personas que intentan vivir pacíficamente en la Amazonía peruana.