La vida de indígenas aislados en Ucayali peligra por el proyecto de carretera Nueva Italia – Breu. Un estudio y especialistas confirman que la deforestación y los cultivos de coca se expanden alrededor de la vía, cuyo destino final se ubica cerca de la Reserva Indígena Murunahua. El Congreso impulsa un proyecto de ley para pavimentar esta ruta sin consultar con comunidades indígenas, mientras que el Ministerio de Cultura evita manifestar una postura sobre la carretera y descarta haber recibido alertas sobre cultivos de coca en la zona.

Una nueva amenaza pone en peligro la vida de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) del departamento de Ucayali, en la Amazonía peruana. El Congreso de la República impulsa un proyecto de ley para pavimentar la carretera Nueva Italia – Breu, cuyo destino final se ubica cerca de la Reserva Indígena Murunahua, una de las reservas para PIACI ubicadas en la región ucayalina, en la frontera de Perú con Brasil.

Un reciente estudio del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) detectó nuevos caminos forestales y deforestación en áreas adyacentes a la carretera. Además, confirma que alrededor de la parte inicial de la vía se concentran cultivos de coca con proyección a seguir expandiéndose a lo largo de la ruta, según especialistas.

Comunidades indígenas que también se verían directamente afectadas por la carretera alertan que esta se pretende impulsar sin estudios previos de impacto ambiental y sin consultarles debidamente, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, por lo que exigen que la iniciativa legislativa sea archivada.

Servindi consultó al Ministerio de Cultura su postura sobre la carretera y las medidas que adopta para garantizar que este proyecto vial no afecte a los PIACI de la Reserva Indígena Murunahua, pero se limitaron a señalar que el trayecto visible de la vía solo llega hasta un punto ubicado a 65 kilómetros en línea recta de la reserva y que no han recibido alertas sobre cultivos de coca en la zona. Recientemente la titular de este sector fue cuestionada por proponer la creación de un grupo técnico para evaluar la posibilidad de “flexibilizar” la intangibilidad de las reservas para indígenas aislados.

Un estudio previo sobre las reservas indígenas de Ucayali ya había advertido que la expansión de la deforestación y el narcotráfico podría afectar a la salud, vida y bienestar de los PIACI de la Reserva Murunahua, “pues se corre el riesgo de que los aislados se encuentren con campamentos de sembríos de hoja de coca o con las partidas de narcotraficantes y se produzcan contagios de enfermedades y muertes”.

Los PIACI en Perú

En Perú, el segundo país amazónico más grande del mundo después de Brasil, habitan aproximadamente 7,500 peruanos pertenecientes a 25 pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), según el Ministerio de Cultura.

Los PIACI son grupos de personas que eligieron o se vieron forzados a vivir aislados del resto de la sociedad, en zonas de difícil acceso de la selva peruana, por abusos y hechos traumáticos del pasado, por temor a enfermedades o para limitar cualquier peligro a sus vidas.

Debido a su aislamiento, esta población desarrolló una condición de extrema vulnerabilidad dado que no está preparada para afrontar enfermedades comunes y depende totalmente de los recursos del bosque para sobrevivir.

Como cualquier amenaza o incursión al territorio que ocupan los PIACI podría afectar directamente a su integridad, el Estado peruano estableció y delimitó territorios intangibles para garantizar su protección, a pedido de las organizaciones indígenas amazónicas.

A estos territorios se les conoce como reservas. A la fecha, en Perú existen 6 Reservas Indígenas (RI) y 2 Reservas Territoriales (RT). Ambos territorios están protegidos bajo los principios de intangibilidad territorial y no contacto; la diferencia es que las RT fueron creadas en el marco de la antigua Ley de Comunidades Nativas, y las RI son reconocidas teniendo como marco jurídico la Ley PIACI, promulgada en 2006.

Todas las reservas suman más de 4 millones de hectáreas de bosque amazónico (3,6 % del territorio nacional) y están ubicadas entre los departamentos de Cusco, Madre de Dios, Huánuco, Loreto y Ucayali, siendo esta última región una de las que más reservas alberga en su territorio.

En medio de la polémica propuesta hecha por la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, de crear un grupo técnico para debatir si el carácter intangible que protege a estas reservas se debe “flexibilizar”, Servindi indagó en el estado actual de las reservas de Ucayali, encontrando amenazas latentes que ponen en peligro la vida de indígenas aislados.

Amenazas: carretera e ilegalidades

Una amenaza directa a las reservas PIACI de Ucayali es la construcción de la carretera Nueva Italia – Breu, que atraviesa los distritos de Tahuania, Iparia, Masisea y Yurúa, en las provincias de Atalaya y Coronel Portillo.

Breu, destino final de la vía, es la capital del distrito de Yurúa, ubicado en la provincia de Atalaya, en la frontera con Brasil. Cerca de esta localidad se encuentra la Reserva Indígena (RI) Murunahua.

Con una superficie de 470,305.89 hectáreas, esta reserva fue creada originalmente como Reserva Territorial en 1997 —y categorizada como Reserva Indígena en 2016— para proteger la vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento Chitonahua y Mashco Piro, y del pueblo indígena en situación de contacto inicial Amahuaca.

El pueblo Chitonahua, también conocido como Murunahua, y el pueblo Mashco Piro son poblaciones que históricamente vivieron asentadas en las cuencas de los ríos de la Amazonía peruana, pero que se vieron forzadas a aislarse tras la traumática experiencia que vivieron durante la época de explotación del caucho que tuvo su auge entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.

Según el Ministerio de Cultura, los enfrentamientos con los caucheros y las epidemias que resultaron de los contactos e intercambios con población foránea, causaron la muerte de muchos chitonahua y obligaron a una parte de ellos a desplazarse hacia zonas más alejadas; mientras que el pueblo Mashco Piro se vio seriamente afectado por el sistema de correrías que los caucheros instauraron cerca de sus asentamientos, mediante el cual se persiguió y capturó a los indígenas, empleándolos como mano de obra para la actividad gomera, lo que provocó que parte de la población se viera también forzada a cambiar de ubicación hacia zonas más alejadas del contacto con foráneos.

Estas poblaciones, hoy protegidas por la Reserva Indígena Murunahua, se ven nuevamente amenazadas, esta vez por el proyecto de carretera Nueva Italia – Breu, que está basado en una antigua carretera forestal que fue construida por la empresa Forestal Venao, a inicios del año 2000.

El periodista Iván Brehaut, que antes investigó sobre el tema, explica que la vía estuvo habilitada durante varios años y era parte de la estrategia de la empresa para extraer la madera de la concesión que manejaban y de otras comunidades nativas aledañas.

Con la salida de la empresa, en 2014, la carretera cayó en desuso; pero con el tiempo, como suele pasar con las vías forestales, empezó a ser utilizada por madereros y por cocaleros que llegaron a la zona.

Los planes para reabrir esta vía y convertirla en una carretera de orden regional existen desde 2019, pero en el camino se han encontrado con la oposición de comunidades indígenas que serían atravesadas por la vía como Sawawo Hito 40, en Yurúa, que cuestionan la forma en que se pretende impulsar la vía: sin consulta previa, sin estudio ambiental y sin medir los impactos que podría generar, como el aumento de la deforestación, el narcotráfico y la afectación de pueblos indígenas transfronterizos y en aislamiento.

En 2021, la comunidad detectó una carretera forestal que atravesaba sus tierras, la cual venía siendo impulsada de manera ilegal por una empresa maderera. “Desde entonces, hemos presentado 3 denuncias ante la Fiscalía: una por el delito contra los bosques, otra por amenazas a defensores de la comunidad y otra por el delito de usurpación, pero hasta ahora no tenemos solución y no hay sanción para los responsables”, dice Maria Elena Paredes Márquez, presidenta de la comunidad de Sawawo Hito 40. La comunidad, que cuenta con el soporte legal de la asociación ProPurús, mantiene la fe en un proceso justo.

Las denuncias por el delito contra los bosques y amenazas a defensores están en la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Atalaya, a cargo del fiscal Raúl Huaroc; mientras que el caso por el delito de usurpación contra la empresa Inversiones Forestal JS EIRL de Juan Simón Mendoza Pérez, está a cargo de la Fiscalía Penal Provincial Corporativa de la Provincia de Atalaya, del fiscal Manuel Hernández Souza.

Pese a estos antecedentes, actualmente la carretera Nueva Italia – Breu se encuentra incluida en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con la categoría de “Red Vial Departamental” y el código UC-105.

La ruta de la carretera propuesta por el MTC tiene una longitud de 184 kilómetros y su estado actual es descrito por indígenas locales como “una trocha carrozable de estado regular a malo que se está abriendo de manera totalmente ilegal”.

En este contexto, el 2 de abril de 2024, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó un dictamen que declara de necesidad pública e interés nacional la pavimentación del corredor vial de esta carretera que abarca la ruta Pucallpa – Nueva Italia – Sawawo – Breu. La iniciativa legal fue propuesta mediante el proyecto de ley N°6960/2023-CR por la congresista de Fuerza Popular, Jeny Luz López Morales y otros.

La asociación civil sin fines de lucro Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) alertó que esta propuesta representa un riesgo para la Amazonía dado que “se superpone con alrededor de 40 comunidades nativas de pueblos indígenas, con la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira y que además incluye la ruta UC-105 de la carretera Bolognesi-Tupac Amaru-Nueva Italia-Puente Sheshea, una carretera ya abierta y en cuyo trazo se ha reportado la presencia de cultivos ilícitos y pistas de aterrizaje identificadas por DEVIDA [Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas] y un estudio de teledetección elaborado por ORAU-Propurús-DAR, respectivamente”.

Preocupación fronteriza

Las noticias sobre el interés por retomar la construcción y pavimentación de la carretera Nueva Italia – Breu llegaron hasta la frontera entre Perú y Brasil a fines de abril de este año y, de inmediato, desataron la preocupación de los pueblos indígenas asentados en territorios de ambos países.

Así, en mayo, congregados en la Sexta Reunión de la Comisión Transfronteriza Yurúa/Alto Tamaya/Alto Juruá, estos pueblos pusieron como principal punto de agenda los impactos que generaría la pavimentación de la vía y, en un pronunciamiento que se difundió tras el encuentro, expresaron su rechazo unánime al proyecto de ley 6960/2023-CR que busca declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la pavimentación de la ruta Nueva Italia – Breu.

“Exigimos que el proyecto de ley sea archivado por vulnerar gravemente nuestros derechos y nuestras vidas. Advertimos que la pavimentación de esta vía sería no solamente una irresponsabilidad, pues no han sido medidos los impactos ambientales y sociales de una tal apertura, sería también aprobar una ley inconstitucional y violatoria de derechos”, señalaron en el pronunciamiento.

En el documento, los pueblos indígenas de Perú y Brasil también alertan que en la región Ucayali existen más de 50 pistas de aterrizajes clandestinas y cientos de hectáreas de plantaciones de cocas, además de traficantes de tierras disfrazados de asociaciones ecologistas y asentamientos de “comunidades fantasmas” centradas en la tala ilegal, todas amenazas que podrían verse potenciadas con la construcción de la carretera Nueva Italia – Breu que ahora mismo es una “trocha carrozable de estado regular a malo que se está abriendo de manera totalmente ilegal”.

Alberto García Paredes, uno de los líderes indígenas que participó del encuentro y subjefe de Sawawo Hito 40, la comunidad asháninka que se resiste a ser atravesada por la carretera Nueva Italia – Breu, confirma la mala forma en que se busca imponer la vía.

“Nosotros no estamos siendo consultados. Sabemos que detrás están los intereses de empresarios madereros, de empresarios de palma aceitera y de funcionarios como los alcaldes, porque el interés es de ellos, no de la comunidad. La carretera está trayendo muchas personas foráneas, con interés de manipular a la gente, depredar los bosques y aumentar el narcotráfico. La gran mira de esas personas es traficar hacia Brasil, lo cual afectaría a la comunidad y pondría en peligro a los indígenas más vulnerables de las reservas cercanas. El impacto va a ser fuerte, eso es lo que no se quiere que pase”, dijo a Servindi.

Yurúa, distrito al que pertenece Sawawo Hito 40, es considerada actualmente como ruta del narcotráfico para llevar y traer carga de Perú a Brasil, según indicaron a Servindi fuentes en la zona. Esto ya está acarreando algunos problemas sociales en el distrito, como el consumo y comercialización de drogas en menores de edad y como consecuencia de esto, el aumento de enfermedades como la anemia, la desnutrición y robos al paso, cuenta Carlos Iván Torres, coordinador del sector Yurúa de la asociación ProPurús que lleva más de tres años trabajando en esta zona.

Aunque esto ya es preocupante, el temor es que las amenazas potenciales que por ahora se ven en zonas colindantes a Yurúa, como en Iparía y Masisea (provincia de Coronel Portillo) o Bolognesi (provincia de Atalaya), donde se sabe que hay narcotráfico, sembríos, extracción de madera ilegal y hasta minería informal, penetren el centro del distrito.

“Todas estas amenazas son externas por ahora porque están ocurriendo en el contorno de Yurúa, pero son potenciales porque podrían darse aquí en el distrito si se abre el camino para eso y su impacto podría alcanzar a los pueblos indígenas en aislamiento, que serían los más perjudicados. Esa es la preocupación aquí. Si se hace una carretera, el Estado tendría que supervisar su viabilidad, darles garantías a las comunidades, pero sabemos que eso está muy difícil”, añade Torres.

En medio de estas preocupaciones, Servindi tuvo acceso a un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) que detecta nuevos caminos forestales y deforestación en áreas adyacentes a la carretera Nueva Italia – Breu.

El documento, elaborado en marzo de este 2024, ofrece detalles sobre tres zonas ubicadas a lo largo de esta vía. En la zona A, ubicada en la concesión forestal Guillermo Ostua Chacón, se observa la construcción de 25.6 km de nuevos caminos forestales, entre julio y noviembre de 2023, que tienen como origen la carretera Nueva Italia – Breu.

En la zona B, ubicada en la concesión forestal Forestal Mendoza, se aprecia la construcción de nuevas infraestructuras al lado de la carretera, posiblemente destinadas a vivienda, y se identifican nuevas zonas deforestadas.

Mientras que en la zona C, que se encuentra en la comunidad nativa Puerto Esperanza de Sheshea, se registra entre agosto y setiembre de 2023 la construcción de 8.7 km de nuevos caminos forestales, y se observa que estos nuevos caminos se extienden hasta una distancia menor a 2.2 km de una pista de aterrizaje.

Carla Limas, especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) de ProPurús, una asociación dedicada a la conservación de bosques y la protección de los pueblos en aislamiento que habitan en la zona fronteriza de Perú y Brasil, explica que, si bien la construcción de los caminos forestales está contemplada dentro de la legislación peruana como parte del plan de manejo forestal de una comunidad para el aprovechamiento de los recursos forestales, la gran preocupación recae en lo que pasa con estos caminos una vez que cumplen su finalidad y dejan de ser utilizados.

“Si bien los caminos forestales son aperturados para el aprovechamiento forestal, en este sector [de la carretera] se ha visto que muchos caminos son abandonados y pasan a ser entradas a la ilegalidad. En este sector se ha visto bastante presencia de cultivos ilícitos, con ProPurús identificamos 6 pistas de aterrizaje en 2022. Eso quiere decir que estos caminos se han estado sumando a la ilegalidad, a actividades ilícitas”, explica.

El reporte del MAAP también ofrece un mapa de la densidad de cultivos de coca a lo largo de la carretera Nueva Italia – Breu que confirma esta situación.

“En el mapa se observa cómo las concentraciones de los cultivos de coca se dan al lado de la carretera UC-105. Si a esto le sumas la información de las pistas de aterrizaje, ahí tienes ya la figura. La proyección es que el avance de estos cultivos se siga dando a lo largo de la vía porque si te das cuenta es un camino directo a la frontera, que quiere decir que estos productos están saliendo de Perú a Brasil o viceversa”, señala la especialista.

Consultado sobre la carretera, el Ministerio de Cultura (Mincul) señaló a Servindi que, si bien los registros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indican que es una trocha carrozable que llega hasta Breu, “imágenes satelitales muestran que el trayecto visible llega solo hasta el río Sheshea y 20 kilómetros más al este, ubicándose a unos 65 kilómetros en línea recta de la Reserva Indígena Murunahua (RIM)”.

Además, en su respuesta indican que, hasta el momento, la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) no ha recibido alertas sobre cultivos de coca en la zona y que, en 2022, DEVIDA indicó que el cultivo de coca más cercano a la RIM estaba ubicado a unos 85 kilómetros.

Como recoge este reportaje, la alerta de indígenas en la zona es que la ruta Nueva Italia – Breu es una “trocha carrozable de regular a malo que se está abriendo de manera totalmente ilegal” y que, de concretarse pondría en peligro la vida de PIACI del Murunahua. Además, dada las evidencias, todo indica que la expansión de cultivos de coca se irá prologando a lo largo de la ruta conforme avance esta carretera. ¿Se tiene que esperar a que las amenazas sean más cercanas para recién actuar?

Sobre las medidas que está tomando el Mincul para garantizar la protección de indígenas aislados en reservas de Ucayali frente al avance de amenazas como la deforestación, tala ilegal y narcotráfico, el sector señaló que “mantiene constante comunicación e información con las entidades competentes en la lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas como son el Ministerio del Interior, el Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, DEVIDA, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú”.

En esa línea, señalaron que desde fines del 2022 se ha convocado a reuniones a las entidades competentes en la atención de estas amenazas. La última reunión se realizó el 27 de marzo de 2024, con carácter de urgencia, a fin de presentar las “alertas activas” identificadas durante el primer trimestre del 2024 en ámbitos con presencia de PIACI, principalmente en las provincias de Atalaya, Callería, Yurúa y Padre Abad en el departamento de Ucayali, y Puerto Inca en el departamento de Huánuco.

“En esta última reunión desde el Ministerio de Cultura se propuso la conformación de un Grupo de Trabajo de naturaleza temporal encargado de implementar acciones intersectoriales para la atención urgente de estas alertas, incluidas aquellas que podrían darse, también, en torno a caminos forestales. Desde el Ministerio de Cultura se cuenta con el informe técnico legal para la conformación del grupo de trabajo el cual debe ser remitido a los entes competentes en las próximas semanas”, indicó el sector a Servindi.

Un reflejo de otras reservas

Las amenazas que enfrenta la Reserva Indígena Murunahua son un reflejo de lo que pasa en las demás reservas creadas para proteger la vida de los PIACI en Ucayali, según una conclusión a la que arribaron la asociación ProPurús, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y DAR como parte de un informe sobre el estado de las reservas indígenas de Ucayali publicado en mayo de 2023.

Servindi accedió al documento donde se sostiene que “las reservas [de Ucayali] enfrentan una serie de amenazas, similares a las que se ciernen sobre la Reserva Indígena Murunahua. Invasiones, tala y caza ilegal, narcotráfico, ingresos no autorizados y la ausencia de apoyo de parte de las autoridades locales, regionales y nacionales se repiten con mayor o menor grado en todas las reservas” de la región.

Asimismo, el informe concluye que estas amenazas “afectan a la salud, vida y bienestar de los PIACI de la Reserva Indígena Murunahua, pues se corre el riesgo de que los aislados se encuentren con campamentos de sembríos de hoja de coca o con las partidas de narcotraficantes y se produzcan contagios de enfermedades y muertes”. La alerta no es para menos, ya que el mismo informe sostiene que indígenas en contacto inicial ya reciben amenazas de expulsión del espacio que ocupan y han visto afectado su modo de subsistencia debido a los constantes sobrevuelos de avionetas que ahuyentan los animales silvestres que cazan.

Beatriz Huertas, antropóloga experta en pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, explica que esta situación de amenaza ya la vivieron antes nativos de la zona de la Reserva Indígena Murunahua con madereros que los forzaron al contacto para favorecer sus actividades en este sector.

“En 2003 se produjo una matanza de indígenas mashco piro, azuzada por madereros que sacaban madera en el Alto Yurúa. Otro grupo de chitonahuas fue contactado violentamente en el año 1995 por el maderero Mario Pezo. Los pusieron a trabajar para el patrón en su campamento y luego la población estuvo yendo de un lugar a otro. Ahora viven en Breu, la capital de Yurúa, con mucha precariedad, sin territorio y expuestos a abusos”, cuenta.

Por esta razón, Huertas no duda de que el impulso de un proyecto de carretera, que traería consigo el aumento de actividades ilegales en una zona cercana a la Reserva Indígena Murunahua, pone en riesgo la vida de estas poblaciones altamente vulnerables.

“Sabemos que la presencia externa puede causar desde la reducción de los espacios de vida de estas personas, hasta el contagio de enfermedades y muertes. Es decir, es una situación sumamente crítica porque está en juego la vida de personas que han optado por aislarse de la sociedad como una estrategia de protección. Con la pérdida de estas poblaciones, el Perú es el que pierde, pierde pueblos que han habitado estas tierras desde antes de la conformación del Estado, pierde culturas, porque los pueblos que habitan la Reserva Indígena Murunahua tienen características culturales e idiomas muy diferentes, mientras los mashco piro son de habla Arawak, los chitonahua son de habla Pano. Es lamentable decirlo, pero sí, el Perú podría seguir perdiendo a estos pueblos que mantienen luchas diarias por sobrevivir en condiciones adversas”.

Mientras las amenazas a las reservas PIACI se siguen expandiendo y corren el riesgo de potenciarse con proyectos como la carretera Nueva Italia - Breu, la ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, recientemente habló de la posibilidad de “flexibilizar” la intangibilidad de las reservas indígenas del país, despertando una gran preocupación en las organizaciones indígenas que velan por los derechos de los PIACI.

“[…] las comunidades que viven ahí necesitan tener servicios básicos, eso no significa que sean intangibles, creo que también es flexibilizar, de pronto, algunas autorizaciones totalmente formales y los esquemas de intervención que tiene el Estado. Me permito hacer una propuesta de tener un grupo técnico que pueda debatir y conversar, respecto aquellos casos en que sí nos preocupa”, dijo la ministra el 30 de abril de 2024 en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.

La intangibilidad es un principio fundamental para asegurar la protección de los territorios y los derechos culturales de los PIACI. El carácter intangible de las reservas indígenas, según el artículo 5 de la Ley N° 28736 (Ley PIACI) promulgada en el año 2006, supone que dentro de ellas no pueden establecerse asentamientos poblacionales distintos a los de los pueblos indígenas que los habitan, que está prohibido la realización de actividades distintas al de los usos y costumbres de los habitantes indígenas, que no se otorgarán derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales, salvo el que realicen con fines de subsistencia los pueblos que las habiten, y que los pueblos indígenas que las habitan son los únicos y mancomunados beneficiarios de la reserva. ¿Cuál de estos puntos es el que buscaba “flexibilizar” la ministra?

Si bien la ministra no ha vuelto a referirse a su propuesta públicamente, mediante sus redes sociales el Ministerio de Cultura (Mincul) reafirmó el “estricto cumplimiento de la intangibilidad de las Reservas Indígenas y Territoriales” y aclaró que el ingreso a las reservas contempla un régimen excepcional, únicamente a entidades estatales para garantizar, por ejemplo, la provisión de servicios y programas sociales para pueblos en contacto inicial, algo que ya está establecido en el artículo 6 de la Ley PIACI y no ameritaría la instalación de un grupo para “flexibilizar” la intangibilidad de las reservas, como propuso la ministra. Servindi también envió correos al Ministerio de Cultura pidiendo mayor precisión sobre la propuesta hecha por la ministra, pero nos respondieron lo mismo.

“Hablar de flexibilizar las reservas cuando hay tantas empresas y personas dedicadas a actividades ilícitas que quieren disponer de esos territorios, inclusive políticos, grupos económicos, que tienen esa expectativa para satisfacer sus intereses, es muy peligroso. Lo que el Estado peruano debe hacer es fortalecer la intangibilidad de las reservas; y está obligado a hacerlo, la propia legislación establece una serie de disposiciones en ese sentido. La protección se debe fortalecer, no debilitar. De ninguna manera se debe aceptar ese tipo de planteamientos, hay que rechazarlo y ejercer toda la incidencia necesaria para que las reservas tengan un mayor nivel de protección”, opina la antropóloga Huertas.

Tras la polémica desatada por la ministra, el Mincul decidió responder a una de las demandas más urgentes de las organizaciones indígenas y el 22 de mayo publicó el decreto que crea oficialmente la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental (Kapanawa), una de las seis reservas que se encontraba en proceso de solicitud, en este caso por casi 20 años. Semanas después, el 7 de junio, la ministra Urteaga viajó hasta Loreto y se reunió con representantes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), adoptando acuerdos a favor de los PIACI. Estos hechos, de momento, son tomados por las organizaciones indígenas como una muestra de voluntad de la ministra para trabajar a favor de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial. ¿Será suficiente para proteger la vida de esta población? Los hechos siguientes lo dirán.

____

Este informe fue elaborado con el apoyo de Earth Journalism Network.