Los habitantes de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú han denunciado un aumento del reclutamiento de adolescentes para trabajar en talas ilegales y cultivos de coca. Aunque no existen datos oficiales sobre el problema del tráfico de personas, fuentes de los tres países afirman que cientos de jóvenes indígenas y ribereños están siendo reclutados por narcotraficantes y amenazados de muerte si intentan marcharse. El aumento del reclutamiento ha ido de la mano de un incremento de la producción de coca y de la deforestación en la región, que en algunas provincias ha crecido exponencialmente.

Por Ivan Brehaut, Rodrigo Pedroso y Victoria Carlos Herrera

VALLE DEL YAVARI, Brasil/Colombia/Perú

Cuando al adolescente Isaías le ofrecieron trabajar en los campos de coca del río Javari, vio la oportunidad de cambiar su vida. Para soportar los rigores de la selva y una pesada carga de trabajo, la paga era el doble de lo que podía conseguir en las ciudades cercanas de Santa Rosa, Islandia, Atalaia o Tabatinga, todas ellas parte de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil en el Amazonas.

Isaías cobraría 500 soles peruanos por adelantado, unos 135 dólares, o el equivalente en pesos colombianos o reales brasileños. Al menos, esa fue la historia que Isaías contó a su madre en agosto de 2023, meses después de la última vez que se puso en contacto con su familia.

Desde entonces, la madre de Isaías sólo lo ha visto en una ocasión. Parecía delgado y solemne, como si prefiriera no volver a verla. Se cruzaron por casualidad cuando él bajaba de una moto cargada de paquetes en el puerto de Tabatinga, en Brasil, fronterizo con la ciudad colombiana de Leticia. Entre estas poblaciones y la orilla opuesta del río Amazonas se encuentra la isla de Santa Rosa, en territorio peruano, lo que convierte este lugar en la confluencia de tres países y dos ríos: el Amazonas y el Javari.

Isaías saludó a su madre, le dio 100 soles (unos 27 dólares), una media sonrisa y le dijo "pronto volveré a casa", una promesa nunca cumplida. Se cree que el último paradero conocido del adolescente es algún lugar de la selva tropical entre el Amazonas y Javari, en el lado peruano de la frontera, de donde su madre sabe que la gente rara vez vuelve.

"Jefes", "traficantes" o "empresarios" suelen estar detrás de estas ofertas de trabajo y quienes, sin mayor identificación, se llevan a jóvenes como Isaías lejos de sus hogares y los convierten en trabajadores invisibles, imposibles de rastrear, en un submundo criminal floreciente en el corazón de la mayor selva tropical del mundo.

La parte brasileña del Valle del Javarí saltó a los titulares hace dos años, cuando fueron asesinados el defensor y experto brasileño en derechos indígenas Bruno Pereira y el periodista británico Tom Philips. Pereira y Phillips se habían topado con una banda de pescadores ilegales y murieron abaleados en una emboscada en junio de 2022.

Nuestro equipo viajó por el río Javari hasta las principales poblaciones de la triple frontera y la ciudad de Iquitos, en Perú, para informar sobre la expansión del narcotráfico en la región y su impacto en los lugareños y la naturaleza. La mayoría de los entrevistados pidieron permanecer en el anonimato por razones de seguridad, ya que la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil es una de las zonas más peligrosas de la Amazonia.

Más coca, más deforestación

Siendo un afluente del río Amazonas, el Yavari, que forma una frontera natural entre Brasil y Perú, es uno de los lugares más prístinos de la selva, hogar de comunidades ribereñas, indígenas y pueblos aislados.

Desde 2020, grupos de narcotraficantes han entrado en el valle del Yavarí (conocido en Brasil como Vale do Javari) y han ampliado la producción y el transporte de cocaína y sus derivados (como el crack), según las autoridades locales, personal de ONG y líderes indígenas. Los últimos datos oficiales del gobierno peruano muestran que los cultivos de coca en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, que abarca la parte baja y media del río Javari, crecieron un 35% entre 2021 y 2022, hasta alcanzar las 8.610 hectáreas (21.276 acres).

En el distrito de Yavarí, parte de la provincia peruana de Mariscal Ramón Castilla, la superficie de coca creció más del doble desde 2020 hasta 1.211 hectáreas (2.992 acres) en 2022, contribuyendo a convertir la región del bajo Amazonas peruano en la tercera mayor zona productora de coca del país.

La expansión de la coca ha impulsado la deforestación. Entre 2020 y 2022, 16.987 hectáreas (41.976 acres) de bosque nativo se perdieron en Mariscal Ramón Castilla, con casi un tercio de esto ocurriendo en el distrito de Yavarí, según datos oficiales.

Expertos y lugareños afirman que los cárteles centran su producción de droga en el lado peruano de la frontera debido a la presencia relativamente más débil del Estado allí. Los capos de la droga también han establecido laboratorios de producción de cocaína cerca de los cultivos de coca, a menudo en pequeñas aldeas a lo largo de los ríos Amazonas y Javari. Estas bandas, según los expertos, están conectadas con grandes cárteles brasileños de alcance internacional, como el PCC y el Comando Vermelho, y con los GAOR, los grupos armados residuales que se alejaron del gobierno colombiano.

La expansión del narcotráfico ha exigido una nueva mano de obra, y las bandas reclutan a jóvenes indígenas y mestizos, a menudo adolescentes. Les convencen para que abandonen los estudios y trabajen en las chacras y en la logística del narcotráfico, a menudo en contra de los deseos de sus padres y de los ancianos de la comunidad. En zonas remotas de la selva tropical, los jóvenes pasan semanas o meses aislados de sus familias.

Una vez que empiezan a trabajar para grupos madereros o de narcotraficantes, muchos son amenazados de muerte si expresan su deseo de marcharse. Fuentes de la policía antinarcóticos peruana, DIRANDRO, en el departamento de Loreto, que incluye el Mariscal Ramón Castilla, dijeron que este método de reclutamiento se ha extendido por una amplia franja de la región fronteriza, aprovechándose de la pobreza de las comunidades de esta zona.

"Prometen lo que quieran y los jóvenes dejan todo, la escuela y sus familias, por la promesa de un salario muy alto en comparación con los ingresos de sus hogares", dijo un oficial anónimo. "Pero al final eso no es más que un anzuelo, un engaño".

Aunque al principio la captación no es violenta, los jóvenes trabajadores son detenidos si deciden marcharse, según las fuentes. Una práctica habitual es amenazarlos de muerte a ellos o a sus familiares.

En el negocio de la tala de árboles a lo largo del Javari, el sistema de reclutamiento funciona de forma similar. Las duras jornadas de tala se pagan con salarios bajos y algo de alcohol o drogas. Las mujeres llevadas a los campos como cocineras acaban siendo obligadas también a ejercer el trabajo sexual.

El reclutamiento es algo cotidiano en la zona trifronteriza, pero la gente teme denunciarlo a las autoridades. Una fuente de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas de Iquitos, capital del departamento de Loreto, dijo que en Perú no existe un sistema para denunciar este tipo de delitos, y que cuando las familias buscan a la policía, el delito no se registra como trata de personas, sino como delitos contra el honor y otras infracciones penales. Brasil y Colombia tampoco tienen un registro público de este tipo de delitos en la región.

"Hay un claro subregistro de casos de trata de personas", dijo Gabriel Arriarán, antropólogo que realizó un estudio sobre el tema en la zona trifronteriza. "Este delito forma parte de las cadenas delictivas apoyadas por el narcotráfico, la tala ilegal y el blanqueo de dinero". Añadió que las operaciones de trata de personas tienen fuertes conexiones con el comercio sexual y de drogas.

Desde Perú, la cocaína viaja por un laberinto de senderos, quebradas y riachuelos, dominados por las bandas de Brasil y Colombia, desde donde será vendida o embarcada.

El narcotráfico se solapa con otras actividades ilegales en la región, como la tala de árboles, la prostitución y el contrabando de peces y animales salvajes. Según la población local, el narcotráfico financia cada vez más estos otros delitos.

Como consecuencia, la región trifronteriza se enfrenta a altos niveles de violencia que, según los policías peruanos de dos ciudades fronterizas, tampoco se denuncian. Oficialmente, Loreto es uno de los departamentos con menor índice de homicidios del país, según el INEI, con menos de tres homicidios por cada 100.000 habitantes.

En marcado contraste, la vecina Leticia, en Colombia, tiene una tasa de 45 homicidios por cada 100.000. En el lado brasileño de la frontera, Tabatinga tiene la segunda tasa de homicidios más alta del estado de Amazonas, con 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto hace que este municipio brasileño de la triple frontera sea cinco veces más violento que el resto del país.

Una discreta red de apoyo

Los misioneros católicos de Islandia, una pequeña isla al final del río Javari, son conscientes del problema de la trata de seres humanos, las condiciones de trabajo forzado y el alejamiento de los indígenas atrapados en los tráficos ilegales.

"Hemos logrado recuperar a más de 14 personas, muchas de ellas menores de edad, mientras eran sacadas de sus comunidades", cuenta una religiosa que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad. "Cuando hay una denuncia, cuando un familiar o un amigo nos avisa, nos comunicamos con los amigos de la zona. Decimos a la gente que busque a la persona desaparecida. A veces nos subimos a barcos o vamos a los negocios de los puertos. Hemos tenido suerte con estos 14 jóvenes, pero sabemos que hay muchísimos más.

"Es triste ver cómo las escuelas están vacías en algunas comunidades a lo largo del río Javari", añadió. "Todos los niños trabajan en la raspa [recolección de hojas de coca]. Familias enteras se dedican a ello. ¿Y qué podemos hacer? Sin inversión, sin comercio, la gente vive sólo para el pan de cada día, esperando ganar un poco más para salir".

Las policías de Brasil, Colombia y Perú afirman que faltan fondos para mantener una estrategia eficaz de lucha contra el crimen en la triple frontera.

"Deberíamos tener helicópteros [sobrevolando la región] todo el año, pero el presupuesto sólo alcanza para ventanas cortas de tiempo", dijo José Rengifo, coronel de policía a cargo de las operaciones antinarcóticos en Loreto. "Es decir, si cubrimos esta parte estratégica de la logística operativa, los resultados [en la lucha contra el narcotráfico] serían cuatro o cinco veces más contundentes que los que tenemos hoy". Tenemos el encargo y la capacidad para hacerlo y con la colaboración de las fuerzas armadas estamos seguros que podemos lograrlo", añadió.

Pero para Arriarán, el antropólogo, el problema no es sólo combatir el crimen a través de esfuerzos policiales; se necesitan respuestas claras del gobierno para mejorar la economía local y enfrentar la falta de servicios básicos, dijo.

"Todo joven que deja la escuela tiene la opción de trabajar en la madera, la coca, la prostitución o, con mucha suerte, emigrar, pero en muchos casos caerán en las mismas trampas", dijo. "No habrá cambios si no mejoran las políticas de desarrollo de los países para estos territorios".

Mientras tanto, la madre de Isaías dice que aún espera encontrar a su hijo en el puerto de Tabatinga. Dice que desea volver a verle y pedirle perdón por no haberle cuidado mejor, por no haber podido escolarizarle y por haberle descuidado cuando tenía que ocuparse de los otros niños.

"Lo extraño, pero a veces pienso que está mejor", dice. "Ahora tengo que asegurarme de que su hermana de 14 años no se vaya, de que no la engañen, de que no se la lleven".

Este reportaje ha sido financiado y apoyado por el Consorcio de Apoyo al Periodismo Independiente en América Latina (CAPIR), dirigido por el Institute for War & Peace Reporting (IWPR).