Ante tanta noticia desalentadora, la historia de María Elena y el Comité de Vigilancia Forestal de la Comunidad Nativa Sawawo es una luz en un escenario cada vez más oscuro.

Cuando María Elena Paredes empezó a capacitarse para ser custodio forestal, es decir, un guardián oficial de sus bosques comunales, ella ya tenía claro que es lo que quería. Había repasado la historia de sus paisanos, los relatos de sus abuelos y antiguos líderes comunales. Ellos habían huido de la selva central, escapando del “progreso”: de las carreteras, de los ingenieros que favorecían a los colonos, de los colonos que se apropiaban de sus tierras, de los madereros, cocaleros y terroristas.

Con poca o mucha ilusión, los comuneros se trasladaron desde sus territorios tradicionales, en Pasco y Junín y se adentraron a la búsqueda de nuevas tierras, con el ofrecimiento de un maderero de que los ayudaría a titularse si es que ellos accedían a venderle las valiosas maderas del que sería su nuevo hogar. Con el tiempo, algunas promesas se cumplieron y tuvieron su título, pero la empresa exigía más y más, por lo que finalmente, decidieron terminar el trato. La empresa tardó poco en caer en desgracia y se fue de la zona. Con los años María Elena y sus hermanos comuneros aprendieron que la tranquilidad de vivir alejados del bullicio ciudadano, aun con las carencias del aislamiento, era mejor que vivir siempre presionados por los vicios que trae el dinero.

Hace unos meses, poco más de un año, con el apoyo de una oenegé, Maria Elena se capacitó, recibió equipos y perfeccionó su conocimiento de sus derechos y deberes como indígena. Su desempeño fue tan bueno, que su comunidad la eligió como la Coordinadora del Comité de Vigilancia Comunitaria. “Para mi es una gran responsabilidad representar y defender a mi comunidad”, nos cuenta.

Igual que Maria Elena, mujeres de varias partes de Ucayali están cada vez más involucradas en el desarrollo de acciones de vigilancia y control comunitario de actividades extractivas incluidas, por supuesto, las actividades forestales. Carmelina, comunera de Junín Pablo, en Imiría, se siente orgullosa de ser parte de su comité comunal. “Nosotras conocemos el bosque también, no solo los varones. Además, nosotras tenemos más responsabilidad, porque cuidamos para nuestros hijos, no solo para aprovechar en el momento…” dice con una sonrisa.

Las mujeres están abandonando el rol pasivo que erróneamente se les había asignado por décadas, tomando el protagonismo y el liderazgo, aun frente a situaciones demandantes o de alta presión.

Una batalla anunciada

En agosto del año pasado, los comuneros de Sawawo recibieron la alerta de que madereros planeaban ingresar a Yurúa, pasando seguramente por su comunidad. Maria Elena y los comuneros, detectaron al poco tiempo un camino, una carretera forestal que atravesaba su comunidad, Sawawo Hito 40. La comunidad se halla en la frontera con Brasil, en el Hito 40, y está en la cuenca del río Amonia, el cual nace en Perú y se desplaza por los territorios también asháninka de Apiwtxa, en el país vecino.

Los peores temores de la comunidad se estaban haciendo realidad con el ingreso de una empresa maderera. Maria Elena y su grupo no dudaron ni un minuto. Siguiendo su entrenamiento, recorrieron la zona, documentaron los daños, reportaron a ProPurús, la oenegé que los apoya, y a la vez a su federación. Pronto se sumaron ProEtica, EIA, Upper Amazon, la Asociación Apiwtxa de Brasil y otros aliados.

Las alertas fueron rápidas aprovechando la conexión de internet que dispone la comunidad. Pocos días después, un fiscal de la FEMA llegó a la zona y encontró a la comunidad organizada en grupos, custodiando maquinaria pesada de la empresa forestal que ilegalmente había ingresado a sus tierras. El fiscal vio desde el inicio la organización y determinación del Comité de Vigilancia.

Ha pasado más de un año desde el inicio del pleito legal con Juan Simón Mendoza, el dueño de Inversiones Forestales JS EIRL, empresa que invadió los terrenos de Sawawo, Shawaya y El Dorado. A pesar de las diligencias, las pericias y las gestiones, la fiscalía aún no acusa al responsable, a pesar de que todas las pruebas lo implican en un delito que puede llevarlo 8 años a la cárcel. Sin embargo, Mendoza parece estar más tranquilo y respaldado. Las recientes elecciones municipales y regionales han tenido ingratos resultados para los comuneros de Sawawo.

Cosas de Familia

El tío paterno de Juan Simón Mendoza Pérez, Francisco “Pacho” Mendoza de Souza ha sido electo como alcalde provincial de Atalaya, al que pertenece el distrito de Yurúa, donde se ubican las comunidades afectadas. Pacho Mendoza no es un personaje cualquiera. Ya ha sido alcalde en tres oportunidades y tiene un rosario de denuncias bastante graves. 

Antes de ocupar el puesto de Gerente de la Sub Región Atalaya en el año 2003, para ser luego alcalde de la provincia, Mendoza de Souza se dedicaba a los negocios forestales. Consultadas personas allegadas al Gobierno Regional de Ucayali, indicaron que siendo un cargo de confianza, no importó que Mendoza de Souza apenas haya terminado la educación secundaria, ya que no culminó nunca sus estudios de derecho.

Desde el año 2010, Mendoza de Souza ha sido imputado en casos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, peculado, contaminación, falsedad, usurpación, usurpación agravada y negociación incompatible. Según reportaron medios de comunicación de Ucayali, en 2013, Francisco Mendoza de Souza fue acusado por el Ministerio Publicó de malversar más de un millón de soles provenientes de los ingresos por la venta del gas de Camisea, y de girar cheques no sustentados para obras.

La Fiscalía Anticorrupción de Ucayali tiene 17 procesos contra el alcalde electo, 29 procesos como imputado en el Distrito Fiscal de Ucayali, 2 en el Distrito Fiscal de Selva Central y 2 en Ayacucho, donde se le denunció por temas vinculados a narcotráfico y lavado de activos. 50 procesos en total.

Aun cuando Francisco Mendoza no tiene ninguna empresa a su nombre, su esposa Rocío Castro de Mendoza, y sus cuñados mantuvieron un par de empresas madereras, Trozas S.A. y El Roble Industrial Forestal EIRL. Adicionalmente, a estas empresas se sumaban un par dedicadas a la promoción del motocross.

El hermano de Francisco Mendoza, el difunto Juan Simón Víctor Mendoza de Souza, padre del maderero que construyó ilegalmente la carretera en Sawawo, tenía una empresa que sigue activa llamada Forestal Mendoza EIRL. Es la concesión forestal de esta última empresa la que sirvió de base de operaciones para que los obreros de Juan Simón Mendoza Pérez, dueño de Forestal JS EIRL, lance la invasión de los territorios indígenas.

El hijo de Francisco Mendoza, Juan Antonio Mendoza Castro, también ha estado vinculado a hechos, cuando menos, extraños. En julio de 2022, la policía allanó la casa que Mendoza Castro le alquilaba a una banda de delincuentes. La banda se dedicaba a la extorsión y al narcotráfico, y al momento de la intervención, se les incautaron dos fusiles R15, una pistola Glock 9 mm, una pistola Tanfoglio 380 ACP, una retrocarga, una escopeta, trece cajas de munición de calibre 12-70, de 10 cartuchos cada uno, haciendo un total de 130 cartuchos y muchas más municiones de distintos calibres. No podría afirmarse que Mendoza Castro conociese lo que sus inquilinos hacían, pero las coincidencias con las acusaciones hechas a su padre son curiosas.

Juan Simón Mendoza Pérez, por su parte, no está exento de investigaciones. Este empresario acumula denuncias por violencia familiar, lavado de activos, tráfico ilegal de productos forestales, afectación a las formaciones boscosas y otras, desde el año 2017, según fuentes del Ministerio Público. Son en total 12 investigaciones entre civiles y penales en las que aparece como imputado. Lo que nadie se explica es como Juan Simón Mendoza, con tantos procesos penales en curso, no ha recibido ninguna sentencia y se mantiene libre para seguir delinquiendo. Lo que ocurre con su tío, es también inexplicable.

Justicia que tarda

Aún cuando el fiscal Raúl Huaroc de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Atalaya ha realizado varias diligencias en campo, los plazos de la investigación se prolongan penosamente. Ya la trocha abierta por los madereros se ha ido cerrando, pero el riesgo de invasión se mantiene. Los rumores de una nueva incursión, aprovechando otras rutas, se están haciendo cada vez más frecuentes.

En este año 2022, se han consolidado los Comités de Vigilancia Comunitaria, reconocidos por la autoridad forestal de Ucayali. Varias comunidades están en alerta por la posible entrada de empresas como la de Juan Simón Mendoza Pérez y se preparan para una defensa cerrada de sus territorios. Otras, unas pocas, influenciadas por el abandono estatal y la carencia de ingresos económicos, especulan con la bonanza que traería la “madereada”, una nueva ola de depredación de los bosques comunales.

Sin embargo, en Sawawo, los comuneros han tomado ya una posición firme y consecuente con sus ideales de desarrollo. Maria Elena y su grupo de vigilancia comunitaria siguen ahí, enfrentando a una empresa mafiosa, con la determinación  que les ha dado el conocimiento y su espíritu de guerreros. A pesar de los reconocimientos que empieza a recibir, como el entregado por la Fundación Conservación Internacional, Maria Elena, no abandonará su puesto.

Esta investigación fue producida en alianza con la Red de Investigación de Bosques Tropicales (Rainforest Investigations Network) del Pulitzer Center.