Una nueva situación de impunidad parece empezar a tejerse en torno al caso de la invasión de la Comunidad Nativa Sawawo Hito 40. Ahora el Poder Judicial le da la razón a la empresa de Juan Simón Mendoza Pérez, devolviéndole la maquinaria con la que abrió ilegalmente una carretera en la mencionada comunidad y otras del distrito de Yurúa, Ucayali.

El caso de la invasión de la comunidad nativa Sawawo Hito 40, denunciado en este portal a inicios de agosto, se mantiene impune. A pesar de la atención de medios nacionales e internacionales, causada por un publicación realizada por el actor Leonardo DiCaprio, basada en las denuncias de La Mula Verde, y la oenegé ProPurús, el Ministerio Público no ha podido concretar la denuncia contra la empresa Inversiones Forestales JS EIRL, de propiedad de Juan Simón Mendoza Pérez. La situación en realidad ha empeorado con la decisión de la jueza de Pucallpa, Celinda Pizán Ugarte, que concedió el pedido de la empresa para que los dos tractores forestales inmovilizados por la FEMA Atalaya le sean devueltos. La caución solicitada por la jueza Pizán es de 10,000 soles, según se puede leer en la resolución número 5, que forma parte del Expediente 02745-2021-77-2402 JR-PE-01, del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Delitos Ambientales de Ucayali, con sede en Pucallpa.

A pesar de que tanto la FEMA Atalaya como la Procuraduría del Ministerio del Ambiente habían apelado la decisión de la jueza Pizán, tomada el 28 de octubre y que nunca fue notificada a la comunidad Sawawo, el día martes 16 de noviembre un grupo de 5 policías de Atalaya, junto con 5 trabajadores de la empresa y el fiscal Marco Páucar Solano se apersonaron al sitio donde se había inmobilizado la maquinaria para que la empresa recupere sus bienes.

De acuerdo a las declaraciones de los dos comuneros que custodiaban las maquinarias, los policías los rodearon con sus armas esperando resistencia ante la presencia policial, para que luego el fiscal, que también portaba un arma en la cintura, se acerque a entregarles la resolución de la jueza. Al cabo de unos minutos, y siempre de acuerdo a la versión de los comuneros, los policías, operarios y el fiscal se retiraron del lugar llevándose los tractores, expresándose burlonamente de los comuneros.

Irregularidades a la vista

Más allá del proceso de apelación interpuesto por el fiscal Raúl Huaroc, fuentes policiales de Atalaya, mostraron a La Mula Verde una resolución emitida por el propio comisario de Atalaya, de fecha 12 de noviembre de 2021, en la cual, claramente se indica que dicha dependencia policial no tiene jurisdicción en el distrito de Yurúa y que no le era posible asistir a las diligencias fiscales debido a la carencia de personal. Como puede apreciarse en el Oficio 927-2021-SUBCOMGEN-PNP/FPPI/DIVOPUS/CS ATALAYA”A”, el Comandante PNP Henrry William Ramirez Ayon, comisario de la Comisaría Sectorial Atalaya, indica que Yurúa, el distrito donde se ubica Sawawo, “policialmente pertenece a la XIII MACREPOL UCAYALI, esta sede no tiene jurisdicción en dicho distrito, motivo por el cual no es factible brindarle el apoyo policial”. El documento concluye indicando que “esta Comisaría Sectorial de Atalaya no cuenta con suficiente personal, en razón de que 5 efectivos se encuentran de comisión en ciudad de Lima y Pucallpa”.

Otro aspecto que llama poderosamente la atención es la caución fijada por la jueza Pizán. Las primeras estimaciones hechas por el equipo de ProPurús de los daños ambientales producidos por la construcción de la carretera maderera de la empresa de Juan Simón Mendoza Pérez han dado con valores que sobrepasan el medio millón de soles, sin tomar en cuenta aún los daños que han sido ocasionados por los tractores de la empresa al bloquear con tierra 10 quebradas, una de ellas de uso directo por parte de la población. “Solo al tomar en cuenta el costo de la deforestación causada y de la afectación a las plantaciones forestales hechas por la comunidad, la caución de 10 mil soles luce incoherente e insignificante”, manifiesta el consultor forestal y docente universitario Andrés Rosado.

La jueza Celinda Pizán Ugarte, quien autorizó la entrega de las máquinas con una caución tan baja, ha sido varias veces protagonista de fallos controversiales. En mayo de este año, Pizán dejó en libertad a un ex policía que confesó el homicidio culposo de un joven chef que enlutó a la ciudad de Pucallpa. La prensa local mostró su extrañeza ya que el proceso judicial se aceleró, favoreciendo al homicida, cuando la jueza tomó el caso. El siguiente proceso extraño se dio cuando la jueza concedió dos veces el arresto domiciliario a un conocido homicida, aun cuando este ya se había fugado del mismo domicilio de reclusión previamente. En dicha ocasión la jueza responsabilizó a la policía por el descuido al resguardar al avezado delincuente. Fuentes judiciales indican que la mencionada magistrada tiene varias quejas y procesos en curso ante los órganos de control interno del Poder Judicial, sin embargo, no ha recibido ninguna sanción.

Adicionalmente, el fiscal adjunto Marco Páucar Solano, quien participó en la devolución de la maquinaria ha sido recientemente vinculado a actos ilícitos, con la falsificación de actas de destrucción de madera incautada. La denuncia, publicada en La Voz Ucayalina, da cuenta de que el mencionado fiscal, Marco Antonio Páucar, falsificó los datos del acta de destrucción de más de 240 trozas de madera, las cuales estarían siendo ofertadas para su venta en el mercado ilegal.

Las empresas madereras vinculadas a la familia Mendoza tampoco se salvan del escándalo. Además del caso Sawawo, existe una denuncia que guarda enorme similitud con los hechos denunciados en Yurúa. El 10 de agosto del 2021 un comunero de la comunidad nativa San Fernando de Vainilla denunció ante la policía de Tahuanía, distrito desde donde parte la carretera Nueva Italia Sawawo, que la empresa JR (Forestal Mendoza) viene causando daños a sus cultivos al haber construido una vía en medio de sus chacras y al haber bloqueado la quebrada Vainilla, que surte de agua a la comunidad.

Por parte de las organizaciones indígenas, tanto ACONADIYSH, la federación indígena de Yurúa, como Organización Regional AIDESEP Ucayali, han rechazado enfáticamente la decisión judicial y la acción de la policía y el fiscal Páucar. "Este es un atropello más contra los pueblos indígenas de Ucayali, hasta cuándo la justicia peruana seguirá favoreciendo a las empresas sin proteger a los ciudadanos?", pregunta indignado Berlin Diques, de ORAU. Las autoridades de Sawawo y ACONADIYSH, reunidas en la comunidad, manifiestan su profunda decepción del sistema judicial peruano y de la actuación de la policía. "Acaso nosotros hemos sido violentos? Nos pisotean nuestros derechos, todas las autoridades están coludidas... ya no sabemos a quien acudir...", indican las autoridades de Sawawo. Una inspección de campo realizada por el Comité de Vigilancia Comunitaria de la comunidad, junto con personal de ProPurús, encontró que el retiro de la maquinaria ha causado nuevos daños a la vegetación, incluso derribando la señalización que se había instalado para evaluar el impacto de la habilitación de la carretera.

Como puede apreciarse, hay demasiadas cosas raras alrededor de este caso, vinculado a un poderosa familia de madereros, funcionarios controversiales y todos dentro de una región, Ucayali, donde la justicia para los indígenas parece nunca llegar.