Un nuevo atropello contra los pueblos indígenas está ocurriendo en Ucayali, en la frontera con Brasil. Comunidades nativas vienen siendo invadidas por empresas madereras, que actúan con total impunidad. La situación de tensión puede llevarnos a nuevas desgracias como las ocurridas en Saweto.

Desde hace una semana, la Comunidad Nativa Sawawo Hito 40, ubicada en el distrito de Yurúa, Provincia de Atalaya, Ucayali, fronteriza con Brasil, se encuentra en estado de emergencia.

Según la denuncia penal formulada por la federación ACONADIYSH, la comunidad ha sido ilegalmente objeto de la construcción de una carretera forestal, por parte de las empresas “Forestal Mendoza EIRL” y “Negociaciones Forestales Ostua EIRL”, las cuales insisten en extraer madera de las comunidades aledañas, San Pablo y Dorado, sin contar con los permisos forestales requeridos por ley. Otras fuentes indican que la empresa a cargo de estas operaciones ilegales es INVERSIONES FORESTALES JS E.I.R.L., gerenciada por el señor Juan Simón Mendoza Perez.

Ubicacion de las operaciones ilegales de la empresa

El representante de la empresa ha llegado a ofrecer 20,000 soles a la comunidad por el derecho de paso, sin que considere el daño ambiental ya generado en Sawawo, y sin siquiera mostrar algún tipo de arrepentimiento o enmienda en su proceder delictivo, según el testimonio de los miembros del Comité de Vigilancia Forestal, implementado por la ONG ProPurús y oficializado por la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali. Hemos tratado de comunicarnos con el representante de la empresa, pero ha sido imposible hasta el momento.

representantes de la empresa tratando de convencer a la comunidad de permitir sus operaciones

Aun cuando la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente – FEMA, Sede Atalaya y la Sede Operativa Forestal y de Fauna Silvestre han recibido las denuncias de parte de las organizaciones indígenas distritales y regionales, no han podido apersonarse a la zona de conflicto por la carencia de medios de transporte para movilizar al personal encargado y a personal policial.

Las fotos, enviadas por los miembros del Comité de Vigilancia Comunitaria de Sawawo, muestran cómo terrenos comunales han sido ocupados por la empresa sin consentimiento de la población, dejando basurales, fauna muerta y una vía que ahora facilitará el ingreso de colonos invasores. Los treinta trabajadores de la empresa tienen consigo varios tractores forestales y 3 motos, según las fotos remitidas desde el campo, y un campamento que aparentemente cuenta con facilidades para la extracción ilegal de madera.


La vía, construida con la complacencia del alcalde distrital de Yurúa, Profesor Rolando Tovar Alva, y de personajes aparentemente cuestionados por las organizaciones indígenas, es el medio ideal para continuar con las invasiones a tierras forestales y comunales. De hecho, en varios portales de Facebook se observan los preparativos para una invasión masiva de Bosques de Producción Permanente y tierras comunales, gracias a una carretera ilegal, construida para saquear los recursos de una extensa zona de la Amazonia y extender las áreas destinadas al narcotráfico, como se denunció en este portal anteriormente.

Cabe recordar que los propulsores de la carretera Nueva Italia - Sawawo – Puerto Breu eran el alcalde de Yurúa, Rolando Tovar, y el alcalde de Satipo, Iván Olivera Meza, actualmente investigado por presuntos delitos contra la administración pública. Olivera pertenecería, según declaraciones de la Policía Nacional, a la organización criminal "los Pulpos de Satipo" y se habría beneficiado con la contratación de servicios y compras realizadas de manera irregular en cuatro regiones. Además, habría recibido dinero obtenido presuntamente del direccionamiento de contratos públicos y manejo de los avances, físicos y financieros de obras públicas.

La carretera Nueva Italia Sawawo Puerto Breu es uno de los principales objetivos de traficantes de tierras, taladores ilegales y aun más terrible, de narcotraficantes que se han instalado a lo largo de la ruta y dominan la economía de Nueva Italia. El ingreso de estas empresas madereras de manera ilegal a territorios comunales es el inicio de un proceso organizado de ocupación de territorios del Estado y comunales.

Las implicancias de mantener impune este atropello a las comunidades nativas, puede tener un costo elevadísimo. Tanto madereros como indígenas están armados y las tensiones locales aumentan cada día, ante la negativa de la empresa de retirarse y las amenazas que ya empezaron a recibir los comuneros y autoridades de Sawawo.

Restos de fauna (motelo) atropellada por la maquinaria de las empresas

Desde el otro lado la frontera, la población asháninka del río Amonia, afiliados a la Asociación Apiwtxa, ha manifestado públicamente su rechazo a esta invasión, ya que sería la segunda vez que un proyecto extractivo de Perú, facilita la invasión y saqueo de recursos de sus tierras en Brasil. La primera vez que esto ocurrió, se desataron roces entre las autoridades peruanas y brasileras, ya que, en salvaguarda de su territorio, autoridades brasileñas detuvieron a personal de la empresa Forestal Venao, que estaban extrayendo madera de Brasil ilegalmente.

Desde el viernes la FEMA y las autoridades forestales esperan que un helicóptero, ya sea de la Policía Nacional o de la Marina de Guerra pueda llevarlos a Sawawo, para atender la demanda de la comunidad y ponerle coto a este delito ambiental flagrante. A pesar de las coordinaciones multisectoriales realizadas, tanto por ORAU, ACONADIYSH y la ONG ProPurús, no se ha obtenido respuesta positiva.

Al parecer, la lección que nos dejó la muerte de los líderes de la comunidad Alto Tamaya Saweto, colindante con Sawawo, no han sido aprendidas. La avaricia de unos pocos pone en riesgo del futuro de muchos. El riesgo de un enfrentamiento es real y a excepción de unas pocas autoridades estatales, a nadie más parece importarle.


Actualización

Luego de la publicación de este artículo aun no ha podido hacerse contacto con los representantes de la empresa para su descargo.

La FEMA Atalaya mantiene la firma intención de ingresar a la zona.

La Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento de la denuncia y desarrolla acciones al respecto.