Mientras se retiraba del Congreso de AIDESEP, en Pucallpa, el Ministro de Cultura, Ciro Galvez, hablaba en quechua y castellano sobre el valor de las culturas, de la no occidentalización de las comunidades y del respeto a las tradiciones y saberes de los pueblos indígenas. Sin embargo, minutos antes, además de un discurso desordenado, con muchos lugares comunes ante la asamblea reunida con más de 150 líderes indígenas de toda la amazonía, Gálvez promocionó sus discos y pidió que lo siguieran en su canal de youtube.
Parece que la atención a los principales problemas que enfrentan los pueblos indígenas del país siguen ausentes en el discurso y, aparenrentemente, en las acciones previstas por este ministerio.
El año 2020 y lo que va del 2021 han sido bastante duros para los pueblos indígenas. El asesinato de líderes y defensores ambientales, el aumento clamoroso de la deforestación y los efectos sociales y económicos de la pandemia se han ensañado especialmente con la población indígena de nuestra Amazonia.
Aun cuando el actual presidente Pedro Castillo ha buscado un acercamiento a las organizaciones más representativas de los pueblos indígenas del país, las interrogantes de cómo se conducirá el actual gobierno en relación a este importante sector de la población son más abundantes que las certezas. Por ello, ad portas del cambio de consejo directivo en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP, es importante señalar algunos de los temas más álgidos que deberían ser incorporados en la agenda política del gobierno y las organizaciones indígenas.
El manejo de la pandemia entre los pueblos indígenas nos está dejando historias de heroismo, pero también de exclusión e indiferencia. Los grupos de salud intercultural como el Comando Matico, y los demás que voluntariamente han arriesgado su vida para atender a sus hermanos indígenas y también mestizos, han sido parte del ejemplo valiente de los pueblos ante la pasividad del Estado. Por su parte, la carencia de atención médica, de reconocimiento de sus condiciones especiales y, posteriormente, la ausencia de información para motivar a la población indígena a vacunarse, son hasta ahora ausencias enormes en la atención sanitaria a las comunidades nativas.
La reactivación económica es una de las preocupaciones más importantes del gobierno, que ha señalado la necesidad de atender a los sectores más desfavorecidos del país, particularmente a los agricultores. Sin embargo, tomando como ejemplo la situación de Cusco, Ucayali y Junín, los esfuerzos por integrar a las comunidades nativas en los planes regionales de reactivación no han sido considerados, al menos en la dimensión requerida. Algunos planes y proyectos de apoyo para pueblos indígenas se restringen al fomento de la artesanía, dejando de lado temas como la agricultura y la pesca comunal, el manejo forestal comunitario y entre otras. Aun cuando el gobierno ha manifestado una política de apoyo para los pequeños agricultores, para zonas como la selva, este nuevo soporte puede significar el fomento de nuevas invasiones y el fortalecimiento de los asentamientos de colonos andinos en tierras indígenas.
No es secreto que las mayores amenazas a los territorios indígenas se gestan tanto por las grandes obras de infraestructura y proyectos extractivos, pero también con los proyectos ejecutados por los gobiernos locales
Los asesinatos de defensores ambientales, la gran mayoría indígenas, han puesto sobre la mesa, una vez más, la escandalosa desidia del Estado peruano, en todos sus niveles, respecto al reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Las invasiones por parte de colonos, no pocos de ellos cocaleros, y el aumento de la deforestación son parte de un mismo fenómeno, asociado al tráfico de tierras que se ampara en profundos procesos de corrupción. El 2020 la deforestación alcanzó niveles altísimos y gran parte de ello se dio por cambiar el uso de la tierra y convertir los bosques áreas de cultivos. Solo en Ucayali, más de cuarentamil hectáreas fueron deforestadas. El rol de los defensores ambientales ha sido reconocido por el Estado peruano y, con la promulgación del Mecanismo Intersectorial de Protección de Defensores de Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia, son pasos importantísimos para la defensa real de quienes están arriesgando sus vidas para defender los bienes comunes y en varios casos, los recursos naturales de la Nación. Sin embargo, el mecanismo, sin presupuesto, sin soporte político en diversos niveles, podría convertirse en letra muerta.
No es secreto que las mayores amenazas a los territorios indígenas se gestan tanto por las grandes obras de infraestructura y proyectos extractivos, pero también con los proyectos ejecutados por los gobiernos locales. Carreteras y caminos vecinales, nuevas habilitaciones urbanas y la titulación irregular de predios individuales en tierras comunales, son algunas de las acciones que los municipios emprenden sin consulta ni respeto a los derechos de los pueblos indigenas.
Finalmente, son diversos sectores los que directamente tienen influencia en la vida de las poblaciones indígenas. Pero aun con la existencia de un Ministerio de Cultura, la agenda indígena ha avanzado poco y las demandas se siguen acumulando. Dentro del Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad es el ente técnico especializado en materia de pueblos indígenas y afroperuanos. Lamentablemente, sus facultades están reducidas a brindar “asistencia técnica” a los diferentes órganos del Estado, razón que ha impedido la implementación de políticas públicas vinculantes para los pueblos en otros sectores y niveles de gobierno.
Ante ello, las discusiones entre varias organizaciones indígenas y sus aliados han señalado que se necesita crear un verdadero ente rector en materia de Pueblos Indígenas y Afroperuanos que tenga la capacidad de garantizar el derecho a la participación indígena y afroperuana en la definición de las políticas nacionales que les afecten. A su vez, que tenga la facultad de diseñar, implementar y monitorear estrategias de interculturalidad en las las políticas sectoriales, así como garantizar el adecuado cumplimiento de los derechos colectivos; en particular a la Consulta previa Libre e Informada. Este cambio, quizás viable con el cambio de gobierno y autoridades sectoriales, podría ser un parteaguas en la relación entre el Estado y la población.
Tal y como comentamos al inicio este breve texto, el contexto político nacional parece estar orientado a un nuevo quinquenio de crisis y enfrentamiento, en el que las dudas respecto al futuro son quizá mayores que en quinquenios anteriores. Las medidas de corte populista y el discurso de enfrentamiento que caracteriza a varios de los voceros del oficialismo actual no solo generan dudas. Son también un riesgo para las poblaciones rurales del país, sobre todo para los pueblos indígenas que quedan, como siempre, a merced de los apetitos políticos de los gobernantes de turno.
