Apenas unos días luego de la presentación del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que relata la desprotección de los líderes ambientales en el Perú, nuevos asesinatos han ocurrido en Ucayali.

Nuevas muertes en el bosque

Según un comunicado de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que preside el asháninka Berlin Diques Ríos, el indígena cacataibo Herasmo García Grau, de 28 años, fue secuestrado el jueves en la Comunidad Nativa Sinchi Roca, en la provincia de Padre Abad, Ucayali. Un día después apareció su cuerpo, abaleado y, según fuentes, con signos de tortura. Herasmo había participado antes en los trabajos de linderamiento y georreferenciación de la comunidad y, el día de su desaparición, se hallaba haciendo un recorrido por la comunidad para verificar si había nuevos invasores.

“Nuevamente un lamentable hecho de asesinato a un hermano cacataibo de la comunidad de Sinchi Roca por manos de delincuentes provenientes del narcotráfico. Acabamos de justo exigir a las autoridades y plantear que existan políticas públicas a los sectores de Estado, cuando en pocas horas nos enteramos de la lamentable noticia con mucha atrocidad..., de verdad siento impotencia...”, escribía Berlin Diques al equipo de ORAU.

Pero la tragedia parece ser mayor. La semana había sido bastante tensa en la zona y Herasmo García es aparentemente la segunda víctima. La primera sería el comunero de la Comunidad Nativa Puerto Nuevo, Yenes Ríos Bonsano, presuntamente asesinado cuatro días antes. “Esto ya lo saben los comuneros de la zona, pero hay que recuperar el cadáver para comprobar”, nos señala Diques.

Diques insistió: “¿…preferimos que muera un indígena para que recién salga una alarma nacional, de que murió un indígena solamente por reclamar derechos? No puede ser, no seamos insolentes, señores.”

Sin ayuda del Estado

Como ya denunciáramos hace unos meses, el principal enemigo en Huánuco, Pasco, Ucayali y en gran parte de la selva, es el narcotráfico. Sus contactos, su poder y el crecimiento de sus actividades está a la vista.

El 26 de febrero, en Ucayali, la Gerencia Regional Forestal y Fauna Silvestre de Ucayali (GERFFS) organizó el evento “Seguimiento y Articulación de Actividades de Control y Vigilancia del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre en la región de Ucayali”. En el evento se presentó un informe sobre la pérdida de la cobertura boscosa en la región durante el periodo 2020. El informe da seguimiento a los hallazgos de octubre pasado, confirmando que 43% de las 42,463.56 hectáreas deforestadas pertenece aparentemente a cultivos ilegales, es decir, narcotráfico. Otro porcentaje importante, 53% del total, corresponde a cambios de uso de suelo, no necesariamente vinculados al cultivo de la hoja de coca.

Marcial Pezo, quien lidera la Gerencia, indicó con claridad que el problema está ya fuera de su competencia. Ahora pide ayuda al Ministerio del Interior para poner coto al crecimiento de estas actividades. “Estamos cumpliendo con alertar a las autoridades competentes, pero es poco lo que podemos hacer si el Gobierno Central no toma cartas en este asunto”, señaló. El trabajo de la GERFFS es, sin duda, un aporte valiente al hablar fuerte de un tema espinoso y peligroso.

Frente a este escenario, José Luis López Panduro, concesionario forestal, expresó su indignación reiterando que, pese a la situación de evidente ilegalidad, el Estado no está generando ningún tipo de acción para frenar esta problemática que amenaza la seguridad del país. “A nosotros también nos amenazan, nos queman maquinaria, y si no entendemos el mensaje, ya nos han dicho que también van a matarnos”, dijo López Panduro. Actualmente, varias empresas forestales han indicado que ya no existen condiciones para continuar con la producción forestal, ya que las áreas de extracción han sido tomadas por el narcotráfico. “Este ya es un problema de seguridad nacional… todas las pistas y carreteras que promueven van yendo a Brasil, así quieren mejorar su negocio, ese es su interés...” señaló.

A la reunión de la GERFFS asistieron los líderes indígenas Berlin Diques Ríos de ORAU, Cleofás Quintori Soto de URPIA y Wikler Rodriguez Guimaraes de la Comunidad Nativa Flor de Ucayali, invadida por cocaleros. 

 Berlin Diques señaló enfáticamente una vez más, que, en referencia a la deforestación y el narcotráfico, “a las autoridades poco o nada les ha importado. A nosotros nos han llenado de grandes amenazas solamente por defender nuestro territorio, por defender nuestra Amazonía…”, “…ya por cumplir un año aquí, en este auditorio, estábamos con el Apu Arbildo (Meléndez), delante del Relator de las Naciones Unidas, reclamando, hablando claro de las amenazas, y menos de 30 días después (Arbildo) ya había sido asesinado…”. Más adelante, Diques insistió: “¿…preferimos que muera un indígena para que recién salga una alarma nacional, de que murió un indígena solamente por reclamar derechos? No puede ser, no seamos insolentes, señores.”  

Las advertencias de Diques respecto al efecto de sus denuncias y las de otros líderes indígenas son dolorosas y urgentes. "Nos pusimos en riesgo por defender nuestras tierras, para defender el bosque. Ahora quienes arriesgamos la vida somos nosotros, no los funcionarios en sus oficinas: somos nosotros y nuestras familias"

Sin saberlo, las palabras de Berlin Diques, fueron el presagio de la terrible situación que se vivió en los últimos días en Sinchi Roca. Diques señala como uno de los responsables de esta situación a la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, la cual no resuelve las solicitudes comunales y tiene decenas de expedientes de comunidades nativas con trámites detenidos principalmente por falta de interés y voluntad. “Resulta que el anterior director de agricultura ahora se lanza a congresista. O sea, lo que no quiso resolver como funcionario ahora dice que lo va a hacer como congresista. Es una burla total”, señaló.

Las mismas preguntas, sin respuestas

A estas alturas de la situación, las preguntas son las mismas, hechas una y otra vez, con cada amenaza, con cada muerto. ¿Cómo actuará el Estado ante el crecimiento del narcotráfico? ¿El Estado seguirá siendo cómplice del tráfico de tierras y la usurpación de las tierras indígenas? ¿Cómo vamos a proteger a los defensores ambientales? ¿Esta vez habrá castigo para los culpables de los asesinatos? ¿Quién se hará cargo de los deudos, de las viudas, de los huérfanos?

Sobre esta última pregunta, Zulema Guevara, la viuda del líder cacataibo Arbildo Meléndez, asesinado hace menos de un año, sigue sin recibir ningún apoyo de parte de los ministerios que prometieron atenderla a ella y sus hijos. “El apoyo lo prometen cuando vienen para tomarse fotos, luego desaparecen”, nos comentaba ella hace una semana en Pucallpa.

Cleofás Quintori de URPIA, en la reunión de la GERFFS dijo algo que los funcionarios que quieren resolver todo desde un escritorio deberían tomar en cuenta “Nosotros nos estamos preparando. Si nos pasa algo a mis líderes, nos levantaremos con flechas, porque así quiere el Estado. ¿Mataremos inocente?, Mataremos inocentes.”  El mensaje parece ser el mismo en otras zonas de la selva: los indígenas están llegando al límite de su paciencia y buscarán ellos mismos la respuesta que no les da el Estado .

El informe la CNDDHH

Desde 2011, 220 personas defensoras han sido asesinadas y 960 criminalizadas en Perú según el informe “Socavando Derechos: La defensa de los derechos humanos obstaculizada por intereses económicos”’, que presentaron el 25 de febrero el Observatorio de la Organización Mundial contra la Tortura y la FIDH, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Durante la presentación de este informe se escuchó el testimonio de Germán López Ballesteros, jefe de la Comunidad Nativa Nueva Austria del Sira, amenazada por la tala ilegal y el narcotráfico.

Germán López es el presidente de la Unión de Nacionalidades Asháninkas y Yaneshas - UNAY, que agrupa a 11 comunidades nativas, cuya sede se encuentra en Puerto Inca, Huánuco. Desde hace más de 10 años, López es hostigado y amenazado por narcotraficantes que invadieron sus tierras y, como ocurre con muchos otros casos en la Amazonía peruana, ninguna autoridad ha acudido con ayuda concreta para su caso.

El caso de Germán López y de otras decenas de defensores de la Amazonía parecen ser calcos unos de los otros. Todos son líderes de sus comunidades o sus federaciones, comprometidos con la protección de sus tierras y que se enfrentan indesmayablemente contra la burocracia estatal que no reconoce las amenazas a sus territorios. Todos han denunciado las amenazas, y todos sin excepción han esperado acciones concretas del Estado para restituir sus derechos y salvaguardar sus vidas, la de sus familias y comuneros. Y a todos el Estado les ha fallado. Esta falla, esta desilusión constante, sigue cobrando vidas y derramando sangre en los bosques. ¡Hasta cuándo!