Han pasado siete meses desde que el 12 de abril de este año el líder Cacataibo Arbildo Meléndez fue hallado muerto en la selva, víctima de un asesinato cruel. También han pasado siete meses más de amenazas a los familiares de Arbildo y dirigentes de la Comunidad Nativa Unipacuyapu, que continúan siendo hostigados por los presuntos responsables del asesinato. 

A pesar de las investigaciones y de que ya se tiene identificado al presunto responsable, no ha habido hasta el momento sanción en este delicado caso. La actuación de la Fiscalía a cargo, como veremos más adelante, es lamentable y sospechosa. Pero la historia de este asesinato no es única. 

El caso de Arbildo es el cuarto en una lista negra de muertes en defensa de la tierra, sustento de la vida de la población Cacataibo de Unipacuyacu.

En el 2011, 19 años luego del inicio de la lucha por conseguir la propiedad de sus tierras, el dirigente Segundo Reátegui y su hijo Neymud fueron asesinados. Aun cuando los culpables fueron identificados, primó la impunidad y el caso fue archivado.

Dos años más tarde, el 2013, le dispararon a José Torres, teniente gobernador de la comunidad. Afortunadamente, sobrevivió al atentado, pero igualmente, el caso quedó sin sanciones a los responsables.

En el 2017, la comunidad ya había emprendido las labores de demarcación de su territorio. Justo Gonzales, un comunero que se había sumado a este esfuerzo comunal fue la tercera víctima mortal de los invasores, cocaleros y traficantes de tierras. Una vez más, sorprendentemente, el caso se archivó, continuando la tradición de injusticia e impunidad instalada en Unipacuyacu.

Unipacuyacu sigue esperando que el Gobierno Regional de Huánuco acceda, luego de 28 años de espera, a la ansiada titulación de sus terrenos. La comunidad Cacataibo reclama que se titulen las 23 mil hectáreas que le fueron reconocidas en el año 1992 y que inexplicablemente no le han sido otorgadas en propiedad.

El Gobierno Regional de Huánuco, en estos años, ha titulado predios individuales y ha creado sendos centros poblados en las tierras reconocidas inicialmente como comunales dentro del pedido de Unipacuyacu. La arbitrariedad de esta situación es una muestra más de la preferencia de muchos funcionarios estatales al darle prioridad a la titulación de colonos, mestizos e invasores, en desmedro de la población indígena.

En octubre del 2019, el entonces gerente general del Gobierno Regional de Huánuco, Luis Briceño reconocía que el 60% de las comunidades nativas de Huánuco aún no disponían de títulos de propiedad, lo que las ponía en una situación de altísimo riesgo ante invasiones de colonos, taladores ilegales y traficantes de tierras. Ese mismo año la Defensoría del Pueblo había identificado que el Gobierno Regional de Huánuco dejó de lado todos los esfuerzos por culminar el proceso de titulación de comunidades nativas, y los exhortaba a atender las tan postergadas demandas de la población indígena.

La arbitrariedad de esta situación es una muestra más de la preferencia de muchos funcionarios estatales al darle prioridad a la titulación de colonos, mestizos e invasores, en desmedro de la población indígena.

Aun con todos estos llamados a la acción, la situación de la población indígena en Huánuco sigue siendo de zozobra e inseguridad. La viuda de Arbildo ha denunciado públicamente el reglaje de parte de elementos desconocidos, que intentan amedrentarla para que el proceso judicial por el asesinato no prosiga.

Por otro lado, los fiscales adjuntos Provinciales de la Fiscalía Penal Corporativa de Puerto Inca están siendo investigados preliminarmente por introducir vicios en el proceso y asumir una actitud parcializada a favor del presunto asesino, identificado como Redy Rabel Ibarra Córdova, a pesar de que este había confesado ser el autor material del asesinato, según denunció la Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU.

Ahora no son solo funcionarios del GR de Huánuco, policías, jueces y fiscales a quienes hay que reclamar una rápida y eficiente actuación. Los ofrecimientos de apoyo del Ministerio de la Mujer, hechos públicos pocos días después del asesinato de Arbildo Meléndez han caído también en el olvido. Según Zulema Guevara, viuda del dirigente asesinado, hasta el momento no recibe el publicitado apoyo, con el que debería sacar adelante a la familia.

La dirigencia de ORAU junto con otras entidades está brindando soporte a la familia de Arbildo, pero como puede notarse, el riesgo de que otra vez se repita la historia y que la impunidad se imponga en este caso es enorme.

Tantos casos, tantos muertos…

¿Alguna vez nos daremos cuenta del suicidio como país, como planeta, que representa no atender las demandas de justicia que desde tanto tiempo tienen los pueblos indígenas del Perú?