El jueves por la tarde, el administrador de la Organización Regional AIDESEP de Ucayali – ORAU, fue abaleado. Por la madrugada del viernes, una nota amenazando a Berlin Diques, presidente de la organización y a Jamer López, también uno de los principales líderes, fue dejada en la puerta del local ORAU, en Pucallpa. Estos no son hechos aislados o únicos. 

Ucayali completa está en grave riesgo y en la región, sólo los indígenas parecen dar la cara ante el avance de la delincuencia.

Desde hace algunos meses, ORAU está marcando su posición de fuerte defensa de las comunidades frente al enemigo que nadie quiere mencionar: el narcotráfico. Y reafirmamos, estos no son hechos aislados. La muerte de Arbildo Meléndez, en abril de este año, sumada al asesinato de Edwin Chota y otros tres líderes de la CN Saweto, así como los casos de Mauro Pío Peña en Junín, y los atentados contra Polico Díaz Sambache en Huánuco, el caso de Lorenzo Caminti en Sheboja, Junín, la muerte de Benjamín Ríos Umirichi, asesinado cerca de Tahuanía, Ucayali, son solo algunos de los asesinatos vinculados con el tráfico de tierras y al ingreso de cocaleros a tierras indígenas, ubicadas en Ucayali o colindantes con la región.

Las amenazas solapadas o directas a la viuda de Arbildo, a Adán Sánchez de Imiría, a los dirigentes indígenas del Tamaya, a las autoridades indígenas de la cuenca del Yurúa, y a los líderes indígenas en la cuenca del Pisqui, se suman al triste registro de casos que permanecen casi desconocidos y desatendidos por las autoridades.

Ucayali es una región que está a punto de convertirse, si no lo es ya, en un enclave del narcotráfico. Desde hace años, en la cuenca del río Tamaya operan dos carteles de droga, y nuestras fuentes indican la presencia de vuelos que salen de pistas clandestinas, ocultas en territorios comunales.

La zona del Imiría tiene, además de la presencia de una colonia menonita, vinculada aparentemente al tráfico de tierras, varios sectores donde se han encontrado plantaciones de coca, que permanecen allí, a la vista de las autoridades locales, que no reciben el respaldo de las fuerzas del orden encargadas de la erradicación.

En el Sheshea, territorio ucayalino, una carretera irresponsablemente promovida por autoridades de Junín, particularmente por el alcalde de Satipo, Ivan Olivera, ha abierto el camino para que se registren varias decenas de hectáreas de cocales y se vayan organizando asociaciones de agricultores. Estos no serían más que cocaleros migrantes del VRAEM, de Satipo, Pichanaki y del valle del Pichis Palcazú, incluidos grupos de colonos israelitas del nuevo pacto universal, pertenecientes al FREPAP.

La cuenca del Sepahua, en el límite con Cusco viene siendo invadida por cocaleros del VRAEM que, como nos relataron pobladores del Tambo, están posicionándose en zonas poco accesibles de la cuenca del río Sepa. En el otro extremo de la región, imágenes tomadas hace unos días en el territorio de la Comunidad Nativa Yamino, en Padre Abad, muestran con crudeza cómo se expanden los cocales por toda la región.

La lista continúa y ahora se hace difícil decir con exactitud qué cuencas no han sido o están siendo ocupadas por delincuentes que trafican tierras, donde más temprano que tarde se acomodan los cocaleros.

La posición de ORAU, FECONAU, FENACOCA y de los principales líderes indígenas de la región, así como la de AIDESEP, es clara y será expuesta este martes ante la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. Diversas organizaciones de la sociedad civil, como Proetica, el Instituto de Defensa Legal y Rainforest US, acompañan el proceso.

Magaly Ávila, Directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proetica, indica que la CIDH les ha concedido una audiencia sobre corrupción y violación de derechos humanos, para que esta conmine al Estado Peruano al cumplimiento de sus compromisos legales, tanto del marco nacional como internacional. Específicamente, se demanda que se concrete el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades nativas Santa Clara de Uchunya, Unipacuyacu y Nuevo Amanecer Hawai, así como asegurar a la comunidad de Alto Tamaya-Saweto la capacidad de control sobre su territorio ya titulado.

Parte del pedido invoca revocar todos los derechos otorgados fraudulentamente a terceros sobre dichas tierras, suspender procesos en trámite de títulos habilitantes y abstenerse de otorgar nuevos derechos en el futuro; así como garantizar el retiro de invasores y que la ocupación de las tierras sea pacífica y sin la presencia de intrusos.

No es de extrañar que el pedido de ORAU y sus aliados ante la CIDH cause tanta incomodidad. En el caso de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, se pide ejecutar la medida cautelar de suspensión inmediata de las actividades de desbosque de la empresa Plantaciones Pucallpa S.A.C., ya dictada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. La petición ante la CIDH choca con pesos pesados de la depredación y el saqueo de recursos.

Sin embargo, aun cuando el resultado de la audiencia sea exitoso, las demoras en la implementación de las medidas solicitadas hacen que el peligro de más muertes se mantenga presente. Por ello, si el Estado no se manifiesta claramente y actúa de manera efectiva en relación a las amenazas que están recibiendo los líderes indígenas y comuneros, la dirigencia de ORAU, en coordinación con AIDESEP, ha manifestado la posibilidad de asumir ellos mismos la defensa de sus territorios, con la activación de sus mecanismos de defensa, las famosas rondas indígenas.

Esta convocatoria no sería extraña ni descabellada. En los territorios indígenas del Ene, las fronteras mantienen una tensísima calma debido a la reputación de los asháninka, veteranos en la guerra contra Sendero Luminoso, y que no dudarían en repeler nuevas invasiones. Ya en el 2014, el finado dirigente Lyndon Pishagua convocó al ejercito asháninka ante las agresiones de los vándalos comandados por el ahora congresista etnocacerista Carlos Chavarría, quienes incluso intentaron quemar las casas de una comunidad nativa. La presencia de los guerreros en los alrededores de Pichanaki obligó a la Chavarría a desistir de sus acciones contra las comunidades y a callar su discurso ofensivo en relación a los indígenas.

El resultado de la audiencia de la CIDH será sin duda un precedente en la defensa de los derechos y los territorios indígenas. Sin embargo, en un país donde los derechos ciudadanos -porque los indígenas son ciudadanos, como usted y como yo- son tan poco respetados, solo las acciones concretas del Poder Ejecutivo podrían marcar una diferencia. Hay quienes dudan de la necesidad del Tratado de Escazú. Esta es una prueba más de su urgencia. Es hora de justicia para nuestros hermanos. Es momento de justicia para los ciudadanos.