Mientras el país esperaba el mensaje presidencial del 28 de julio, un niño de 13 años salió a pescar en su comunidad, allá en Sheboja, en el distrito de Río Tambo, en el extremo noroeste de Junín, cercano a Ucayali y Cusco. En la quebrada donde siempre pescaba, halló el cuerpo de un asháninka, maniatado y ahogado. 

Las autoridades comunales recibieron el aviso de los vecinos y un grupo de ronderos se dirigió a la zona para recuperar el cuerpo. El comité de Autodefensa del Río Tambo, inmediatamente recibió el aviso de Sheboja y envió ronderos para investigar lo ocurrido. Posteriormente, ya notificadas las autoridades policiales, los análisis de los especialistas indicaron que el cuerpo tenía varios días abandonado y mostraba evidentes señas de tortura.

El fallecido, Lorenzo Caminti, no tenía enemigos, no tenía deudas, era conocido como un tipo pacífico y trabajador, miembro de la cooperativa de cacao Kemito Sankori. ¿Qué le ocurrió?

En el otro extremo del distrito de Río Tambo, al sur, la Central Asháninka de Río Ene – CARE, hace años viene denunciando los esfuerzos de campesinos cocaleros que, infiltrados en las comunidades asháninkas de la parte alta del río Ene, muy cercanas a la frontera de Junín con Cusco y Ayacucho, se apropian de tierras comunales indígenas.

Las amenazas de muerte a los comuneros y a líderes comunales son pan de cada día, y forman parte de la presión constante que ejercen madereros, cocaleros y colonos andinos, iniciada en los años 90, bajo el auspicio del régimen fujimorista. Hay que recordar que en los 90, el fujimorato fomentó las invasiones de los territorios asháninka del río Ene a través del Programa de Apoyo al Repoblamiento que, en resumen, impulsó el retorno de agricultores andinos a las zonas selváticas de Junín. Estos “retornantes” inmediatamente se transformaron en cocaleros, que siguieron recibiendo apoyo del Estado en la forma de materiales, infraestructura y equipos que fueron consolidando el aparato productivo cocalero que ahora conocemos como VRAEM. Los que pasamos gran parte de los 90 trabajando en el Ene conocemos los detalles de la historia.

Ahora la demanda de los colonos en la zona sur de Río Tambo es la creación de un nuevo distrito, dominado por los colonos e invasores cocaleros del Cusco y Ayacucho. Como ha denunciado CARE en su página web y redes sociales, el proceso se vuelve cada vez más agresivo contra la población. De hecho, el 13 de agosto hubo una reunión en la Comunidad Nativa Catongo Quempiri, colindante con Cusco, que está recibiendo la mayor presión de parte de los colonos.

Los líderes indígenas consultados respecto a esta demanda de los colonos se muestran contrarios a esta iniciativa. Fabian Antunez, de la Central Asháninka de Río Tambo (CART), indicó su rechazo a cualquier intento de cercenar el territorio indígena del distrito. “Estamos totalmente en contra, eso es solo para el provecho de los colonos”, señaló. Por otro lado, Jerry Yauri, quien forma parte del equipo técnico de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas Selva Central (ARPI SC), mencionó que esta iniciativa recibiría el rechazo de la organización. “se está afectando el derecho de los pueblos indígenas… Sólo corresponde a los intereses de grupos vinculados al narcotráfico y a los invasores de terrenos”, dijo enfático. 

Lo que diversas fuentes señalan es que, detrás del pedido de creación del nuevo distrito se esconde una agenda mayor, que trasciende al esfuerzo expansionista de algunas autoridades de Cusco: Tomar el control político de una zona de expansión cocalera.

Junín es una de las regiones donde se eligieron varios congresistas que ahora forman la bancada de Unión por el Perú, liderada por Antauro Humala, y las ofertas políticas de uno de sus candidatos, Carlos Chavarría Vilcatoma, hoy congresista por Junín, fue la legalización de la coca y el apoyo al gremio cocalero. El movimiento cocalero, si bien estuvo presente en Junín desde hace mucho, justamente en el VRAEM, nunca tuvo un vocero diligente, ni con cargo tan alto en la política nacional.

Chavarría y sus compañeros de bancada han presentado el Proyecto de Ley 5754/2020-CR que pretende declarar de interés nacional la creación del distrito del Ene, dando seguimiento a una iniciativa que viene siendo gestada desde 1994. Como es previsible, el proyecto de ley no ha sido socializado ni mucho menos consultado con las organizaciones indígenas locales, a pesar de que el proyecto aclara que la mayor población del nuevo distrito serían los asháninka.

Otros políticos locales se manifiestan a favor de la iniciativa o guardan prudente silencio, esperando cosechar los votos en las siguientes elecciones generales.

El distrito de Río Tambo es una de las zonas con mayores riquezas naturales de Junín, con sus tierras forestales y agrícolas, tan deseadas por los agricultores de todo tipo y por extractores forestales. De hecho, su ubicación es estratégica al estar conectada por vía terrestre con Ucayali (Atalaya), por vía fluvial y terrestre con el Cusco (La Convención) y con una nueva carretera en construcción que uniría la cuenca del río Tambo con Sepahua (Ucayali), muy cerca a los campos de gas de Camisea. 

Cada una de estas vías es, de hecho, una oportunidad para el comercio y el despegue productivo de esta parte de Junín, pero a la vez es una puerta de entrada para invasores de terrenos, entre ellos, los colonos cocaleros.

La muerte de Lorenzo Caminti de Sheboja es el peor de los síntomas de una invasión silenciosa y la expansión del frente cocalero sobre las tierras asháninkas. Todas las versiones recogidas apuntan al amedrentamiento de colonos cocaleros hacia los asháninka. Un mensaje claro y sangriento para que los indígenas no denuncien, no interfieran, no se opongan, no se metan.

Los ronderos asháninka y sus comités de Autodefensa han cumplido un rol fundamental para mantener a raya a los invasores, sin embargo, los últimos años se registran muertes violentas en el distrito que no se hacen públicas y generan zozobra en la población.

Fabian Antunez señala que los colonos que transitan por la cuenca del río Tambo se dirigen hacia zonas como el Sepa, donde estaba la antigua colonia penal y que, con apoyo de autoridades agrarias de Cusco, se están posicionando de terrenos con certificados de posesión, que avalarían nuevas zonas de expansión agraria, léase, cocalera.

Nuevos frentes cocaleros se están desarrollando en toda la selva y son una muestra más de que necesitamos atender las necesidades de quienes se debaten entre el abandono estatal y la fantasía del bienestar que el narcotráfico ofrece. DEVIDA y en general, todos los programas del Estado deben redoblar esfuerzos para combatir esta lacra. Es indispensable culminar el saneamiento de los territorios indígenas antes de que caigan, como se pretende, en un festín de ilegalidad y delincuencia.